Está en peligro la macroplanta fotovoltaica Nuñez de Balboa, instalada en Badajoz, la más grande y potente de Europa: su capacidad es de 500 MWp y ocupa casi 1.000 hectáreas. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha declarado nulo el proceso de expropiación que afectó a uno de los propietarios de las tierras donde se asienta el complejo. La sentencia, que se puede recurrir -e Iberdrola la va a recurrir-, declara nulo el proceso y ordena su desmantelamiento.
La compañía energética, de acuerdo a la sentencia, utilizó un procedimiento poco ortodoxo para conseguir los terrenos. Después de haber firmado un contrato de arrendamiento a largo plazo (25 años) con el propietario de una de las fincas, S. L. A., Iberdrola solicitó al Estado la expropiación de los terrenos. Tal y como marca la Constitución, las expropiaciones son legales cuando se da un justiprecio al afectado, en este caso de 3,3 millones de euros -según cálculos de Iberdola, y al no alcanzar un acuerdo-.
La compañía argumentó que los terrenos eran de propiedad pública y distintas administraciones públicas estuvieron alineadas con esa tesis, pero la justicia tenía otra cosa que decir. La declaración de utilidad pública (DUP) tiene como condición que el bien a expropiar no sea accesible «por las buenas», pero la compañía eléctrica ya tenía un contrato de alquiler para poder explotar esas tierras. Ahí pincharon en hueso.
Sintiéndose afectado en sus derechos S. L. A., acudió a la justicia, que le da la razón. Sin embargo, dado que Iberdrola piensa acudir al Tribunal Supremo, la planta fotovoltaica va a seguir operando con normalidad. La compañía aseguró en un comunicado tener todos los permisos para producir energía. Si el Tribunal Supremo falla en contra de Iberdrola, Iberdrola tendrá muchas menos opciones.
El parque Núñez de Balboa tiene 1,43 millones de paneles solares fotovoltaicos sobre 288.000 cimentaciones. Los terrenos expropiados irregularmente suponen más del 50% de la superficie del parque
Aunque a nivel jurídico acabe siendo obligatorio el desmantelamiento, quizás el sentido común quisiera mantener unas instalaciones que proporcionan energía limpia a 250.000 hogares y evita la emisión de 215.000 toneladas de gases de efecto invernadero al año. Y en el contexto en el que estamos, que pagamos la energía fósil a precio de oro perfumado con Chanel nº5, parece un tiro en el pie.
De todas formas, la sentencia puede tener algunos juicios de valor que pongan en peligro su vigencia tras el paso por el Supremo. Sirva de ejemplo, en relación a Iberdrola: «La actuación es sorprendente. El despropósito no tiene nombre». Cuestión de matices del mundo del Derecho. Además, Iberdrola podrá solicitar una indemnización a la Administración por la expropiación fallida, y adivinad quiénes vamos a pagar eso…