En el año 2021, el Gobierno se comprometió con la Unión Europea a implementar un sistema de pago por el uso de las vías rápidas españolas como condición para acceder a los fondos comunitarios. Aunque el Ejecutivo todavía está estudiando la fórmula a aplicar, se da por hecho que la normativa tendrá en cuenta las emisiones de los vehículos, siguiendo la lógica de «quién más contamina, más paga».
Una de las posibles soluciones para establecer un sistema de peajes en función de las emisiones en tiempo real acaba de ser testado en Guipúzcoa. La prueba, que tuvo lugar junto al peaje de Orio en la AP-8, se realizó bajo la supervisión del laboratorio Gipuzkoa Living Lab, especializado en movilidad inteligente.
Según informa La Vanguardia, durante el experimento se midieron las emisiones de cada coche a distancia (es decir, sin necesidad de detenerse) mediante un dispositivo de la empresa Opus RSE. El aparato, colocado junto a la carretera, realizó las mediciones a través de un sistema asociado a la lectura de las matrículas.
Entre otras cosas, este dispositivo puede analizar los niveles de monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarbonos, monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, amoniaco y partículas en suspensión. Se espera que también permita identificar a los grandes emisores, que a pesar de suponer el 1-3% del parque automovilístico, son responsables de hasta el 40% de las emisiones contaminantes.
Un sistema basado en los distintivos ambientales de la DGT sería injusto y poco realista
Sobre el papel, este sistema sería más justo que uno basado en los distintivos medioambientales de la DGT, pues hay modelos con pegatinas C, ECO o CERO que en condiciones reales contaminan más que otros vehículos más antiguos. El mejor ejemplo lo encontramos en algunos híbridos enchufables comercializados por marcas de lujo, que una vez agotan sus pequeñas baterías, emiten mucho más que otros coches más pequeños y ligeros.
Esta solución también tiene sus detractores, pues algunas voces advierten de que penalizaría principalmente a las personas de bajos recursos, ya que son las que poseen los automóviles más viejos y potencialmente contaminantes.
Además, al cobrar por el uso de las vías rápidas, parte del tráfico se desviaría a las carreteras secundarias, que tienen una mayor siniestralidad. Dado que los coches antiguos ofrecen unos niveles de seguridad inferiores a los modernos, esto podría terminar desembocando en una mayor mortalidad en las carreteras.
Fuente | La Vanguardia
