Mientras las petroleras ganan miles de millones, España vuelve a poner dinero público para abaratar los combustibles

Hay decisiones que pueden tener una explicación económica, pero que resultan difíciles de justificar cuando se ponen unas junto a otras. Esta semana España ha vuelto a utilizar dinero público para contener el precio de los combustibles mientras las grandes petroleras siguen obteniendo beneficios millonarios, al mismo tiempo que las ayudas destinadas a acelerar la llegada del coche eléctrico avanzan con mucha más lentitud y cuentan con unos fondos considerablemente menores.

El Gobierno ha decidido recuperar el apoyo fiscal a los combustibles ante la escalada de los precios energéticos. El mecanismo contempla reducciones en el Impuesto sobre hidrocarburos tanto para la gasolina como para el gasóleo y, cuando se supera determinado umbral de inflación, activa una rebaja extraordinaria. En septiembre, el gasóleo llegará a contar con una reducción de 20 céntimos por litro debido a la subida registrada en julio.

No hay que hacer pesados trámites. No hay que justificar nada, solo acudir a la gasolinera y repostar. Da igual que seas español, marroquí o de Chiquitistán, tendrás el descuento pagado por todos.

La cuestión no es si hay que proteger a las familias, autónomos o transportistas cuando los precios de la energía se disparan. Evidentemente, puede ser necesario. El problema está en la enorme diferencia entre la rapidez con la que se movilizan recursos para mantener artificialmente contenido el coste de los combustibles y la lentitud con la que se ponen en marcha las ayudas para reducir precisamente la dependencia de esos combustibles, y todo en un contexto donde las petroleras se están forrando gracias al apoyo del estado.

1.825 millones para los combustibles frente a 400 millones para cambiar de coche

Las cifras hablan por sí solas. El paquete de medidas fiscales aprobado por el Gobierno para responder a la crisis energética tiene un coste estimado de 1.825 millones de euros en 2026, una cantidad que incluye las diferentes actuaciones relacionadas con los combustibles y la energía. El mecanismo permite aplicar rebajas sobre el Impuesto sobre Hidrocarburos y aumentar automáticamente la protección cuando los precios superan determinados niveles.

Mientras tanto, el programa Auto+ destinado a impulsar la compra de coches eléctricos y electrificados dispone de 400 millones de euros para todo 2026. De esa cantidad, 350 millones corresponden a familias, 42 millones a empresas y 8 millones a autónomos. El propio Gobierno aprobó ese crédito extraordinario en marzo para financiar el programa.

La comparación resulta bastante difícil de ignorar. Por cada euro destinado al Auto+, se han reservado más de cuatro euros para las medidas relacionadas con los combustibles. Y hablamos de dos políticas que persiguen objetivos prácticamente opuestos: una intenta reducir la dependencia del petróleo y la otra abarata temporalmente su consumo.

Además, la diferencia no está únicamente en el dinero. También está en los tiempos. El Programa Auto+ fue creado mediante el Real Decreto-ley aprobado el 20 de marzo, pero su normativa definitiva no llegó hasta el 22 de julio. El Real Decreto que regula las ayudas se publicó el 23 de julio.

Es decir, han tenido que pasar más de cuatro meses desde la creación del programa hasta que se aprobó su regulación definitiva. Y eso después de años de problemas con la gestión de las ayudas a la compra de coches eléctricos, con programas anteriores que en muchas ocasiones han obligado a los compradores a esperar meses para recibir el dinero.

El contraste es todavía mayor cuando se observa que el propio Gobierno justificaba Auto+ precisamente por la necesidad de acelerar la electrificación y utilizar al máximo el potencial de los fondos disponibles. El objetivo declarado era facilitar el acceso a las ayudas, reducir los plazos y agilizar su gestión.

Mientras tanto, Repsol gana 2.201 millones de euros

Y aquí aparece el elemento que hace que todo resulte todavía más incómodo. Repsol obtuvo un beneficio neto de 2.201 millones de euros durante los seis primeros meses de 2026, mientras que su beneficio neto ajustado, utilizado por la compañía para medir el comportamiento de sus negocios, alcanzó los 2.711 millones de euros. Hablamos de una sola empresa.

Es importante aclararlo: las ayudas públicas a los combustibles no son un cheque directo para Repsol, pero casi, ya que la bajada de precios anima el consumo, y ellos mantienen sus márgenes intactos. Por lo tanto, aunque no es una ayuda directa, si lo es indirecta.

Precisamente por eso el debate debería ir un poco más allá de decidir si el litro de gasolina o de gasóleo debe costar unos céntimos más o menos durante unos meses. España lleva años diciendo que necesita reducir su dependencia energética exterior, electrificar el transporte y disminuir el consumo de combustibles fósiles. Pero al mismo tiempo las políticas van en contra del discurso.

Pero cuando el petróleo sube, la respuesta vuelve a ser poner dinero público para que llenar el depósito resulte algo menos absurdo. Cuando un ciudadano quiere cambiar su coche de combustión por un coche eléctrico, en cambio, se encuentra con programas de ayudas que tardan meses en desarrollarse y con fondos mucho más limitados.

Y aquí está la verdadera contradicción. Los 20 céntimos de rebaja desaparecen cuando termina la medida. Un coche eléctrico que sustituye a uno de combustión puede dejar de consumir gasolina o gasóleo durante toda su vida útil. Uno es un alivio temporal; el otro supone una reducción estructural de la dependencia del petróleo.

No se trata de dejar abandonado al conductor que necesita su coche. Se trata de ofrecerle una alternativa. Si el Estado tiene capacidad para movilizar miles de millones cuando sube el precio de los combustibles, resulta difícil entender que la transición hacia coches que necesitan muchos menos combustibles siga dependiendo de ayudas escasas y de una burocracia que tarda meses en ponerse en marcha.

España no puede aspirar a reducir su dependencia del petróleo mientras sigue poniendo buena parte de sus esfuerzos en conseguir que consumirlo salga algo más barato. Y menos todavía cuando las grandes compañías del sector continúan presentando resultados de miles de millones.

Si hay dinero para subvencionar el consumo de combustibles, debería haber al menos la misma determinación para ayudar a los ciudadanos a dejar de necesitarlos.