¿Y si la verdadera ayuda es una mejor fiscalidad en la recarga pública para coches eléctricos?
Los programas de ayudas públicas a la compra de coches eléctricos tienen efectos positivos, pero también negativos. Fuertes fluctuaciones de ventas, según se activan o se desactivas, periodos de desierto a la espera que vuelvan, y luego largos procesos para cobrar la ayuda. Es por eso que es necesario medidas complementarias que animen a la gente a dar el salto al coche eléctrico, como unas recargas públicas más baratas que hagan cuadrar las cuentas de forma más rápida.
Un tribunal británico acaba de poner patas arriba la fiscalidad de la recarga pública, y la noticia puede tener consecuencias muy interesantes para los conductores de coches eléctricos. La resolución abre la puerta a que la electricidad utilizada en los puntos de carga públicos pase a tributar al 5% de IVA en lugar del 20% actual.
El fallo llega tras la reclamación impulsada por la consultora Deloitte junto al operador rural Charge My Street. Ambos llevaron ante un tribunal de primera instancia la cuestión de si era justo que los conductores de coches eléctricos pagasen un 20% de IVA cuando recargan fuera de casa, mientras que la electricidad doméstica tributa al 5%.
La clave estaba en la interpretación de la ley. Según explicó el representante legal de Deloitte, Oliver Jarratt, la normativa vigente ya establece que el suministro de menos de 1.000 kWh al mes en unas instalaciones concretas puede considerarse “doméstico”. Y eso, defendían, debería aplicarse también a la recarga pública siempre que no se superase ese límite. El tribunal les ha dado la razón de forma clara y contundente.
De confirmarse este cambio, el impacto potencial es enorme, especialmente para quienes no pueden instalar un punto de carga en casa y dependen exclusivamente de la red pública.
Para entenderlo mejor, pongamos un ejemplo real. Cargar al completo el Mercedes-Benz EQS en un cargador rápido de InstaVolt, con un precio actual de 0,89 euros/kWh, supone unos 96,45 euros para llenar su batería de 108,4 kWh. Si el IVA bajase al 5%, el precio por kWh se reduciría en unos 0,112 euros, lo que implicaría un ahorro de aproximadamente 12,14 euros en una sola carga completa.
Incluso en redes más económicas como la de Charge My Street, con tarifas de 0,36 euros/kWh —la mayoría de sus puntos son de 7 kW— el ahorro sería de unos 0,045 euros por kWh. En una carga completa, eso puede rozar los 5 euros menos en la factura.
No es una cuestión menor. En países como Reino Unido y España, donde millones de conductores viven en viviendas sin garaje o sin posibilidad de instalar un cargador en su plaza de garaje, esta diferencia fiscal penaliza directamente a quienes más dependen de la infraestructura pública. Y eso choca de frente con el objetivo de acelerar la transición hacia el coche eléctrico.
Desde Charge My Street insisten en que su misión es facilitar una red de recarga accesible, especialmente en comunidades rurales o con difícil acceso a puntos privados. Su visión es que cualquier conductor pueda tener un cargador a menos de cinco minutos a pie de su casa, algo fundamental para democratizar el acceso al coche eléctrico.
Más allá del ahorro puntual, el mensaje que lanza esta sentencia es importante: no tiene sentido tratar la electricidad para movilidad como un lujo cuando es una pieza clave en la descarbonización. Si finalmente el Gobierno británico no recurre o pierde el recurso, podría sentarse un precedente con implicaciones a gran escala.
Para los conductores, la diferencia puede parecer pequeña en cada recarga, pero sumada a lo largo del año es considerable. Y para el mercado, supone un paso más hacia la equiparación real entre quienes pueden cargar en casa y quienes no tienen esa opción.
Habrá que esperar para ver si la rebaja se consolida, pero lo que está claro es que la fiscalidad de la recarga pública acaba de entrar en el centro del debate.
