Cada vez que se anuncia un programa de ayudas a la compra de coches eléctricos en España, todos los llevamos las manos a la cabeza por el sinsentido que les suele rodear. Algo que denota cierta ignorancia en un sector que ha recibido tradicionalmente un trato denigrante desde el sector público. Algo que no pueden decir los vehículos diésel y gasolina para los que se extendía un cheque en blanco.
Primero con los planes MOVELE, que destinaban una miseria a las ayudas. Como ejemplo los 10 millones de euros destinados al primero programa que comprendía los años 2008 a 2012, y que tenían como objetivo poner en la calle nada menos que 2.000 vehículos eléctricos, e instalar 550 puntos de recarga de uso público.
Tampoco se libran los actuales gestores, que han diseñado un programa denominado MOVEA, y que contempla un presupuesto algo más generoso, 55 millones de euros, pero que tendrán que repartirse entre tecnologías que nada tienen que ver entre si, como los coches eléctricos y los vehículos pesados a gas. Además se decidió entregar la gestión de estos fondos a las comunidades autónomas, complicando todavía más el proceso, y además incluyendo una chapucera cláusula que obligaba a los interesados en la ayuda a achatarrar un coche con 10 o más años. Algo que por ejemplo dejaba fuera a los conductores más jóvenes que buscasen que su primer coche fuese un eléctrico.
¿Pero por qué el coche eléctrico ha estado maltratado por las administraciones públicas en España?. Una de las principales razones puede ser el total desconocimiento de los gestores de esta tecnología. Como ejemplo podemos ver el interesante artículo publicado hoy por el diario El Mondo, en el que se repasa la declaración de bienes de los parlamentarios, y entre los que se encuentran cero coches eléctricos.
En este caso no podemos hablar de un colectivo con unos ingresos bajos como para no poder permitirse un coche eléctrico en casa. Por ejemplo la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, percibirá este año un total de 77.991,72 euros, o casi 6.500 euros mensuales. Algo que le permitiría sin problemas tener un coche eléctrico en lugar del Nissan Micra del 2006 que declara.
Más llamativo es el caso de la Ministra de Sanidad, Maria Luisa Carcedeos, que declara tener un Audi A4 TDI de 1998. Un modelo extremadamente contaminante, posiblemente un Euro2, que sin duda no le pega nada a toda una ministra que debe velar por nuestra salud y que podría cambiar sin mayores problemas gracias a su sueldo de 73.211,28 euros al año.
Una dinámica que como decimos no es exclusiva del grupo de gobierno, sino que se extiende a absolutamente todos los Diputados con vehículo en propiedad, quedando un pequeño grupo de 82 diputados que no declaran tener ningún vehículo, ni eléctrico, ni diésel ni gasolina.
Fuente | El Mundo
