Para muchos, Francia podría ser un ejemplo de buena gestión en aspectos como la electrificación de su parque móvil, y reducción de emisiones en su producción eléctrica. Pero la realidad es que los franceses no han dado pasos suficientemente ambiciosos para reducir las enormes cifras de contaminación de las peligrosas partículas de dióxido de nitrógeno, lo que les ha colocado en la cola de la lista y candidatos a unas fuertes multas por parte de Europa.
Según la UE, Francia no ha cumplido con sus obligaciones en virtud de la Directiva Europea de calidad del aire. Un texto vigente desde 2008 que establece, en particular, los límites de emisión de dióxido de nitrógeno (NO2). Este gas tóxico es emitido principalmente por los motores diesel, con fuerte presencia en este mercado. El texto de propuesta de sanciones indica que Francia ha superado sistemática y persistentemente el valor límite anual de dióxido de nitrógeno desde el 1 de enero de 2010.
Y eso a pesar de los esfuerzos que han realizado en sectores como la electrificación del transporte, con un programa de premios para los que se comprasen un vehículo eléctrico, un dinero que procedía de aquellos que optaban por un modelo contaminante y que debían pagar impuestos cada vez más elevados. En total más de 300 millones de euros cada año al que se suma el destinado a facilitar la expansión de una red de carga que ha logrado un desarrollo bastante interesante, aunque con algunos problemas como la dispersión de operadores y los problemas para cargar en diferentes redes.
Esto ha permitido que las ventas de coches eléctricos hayan aumentado casi un 50% este año, y hasta septiembre se habían vendido algo más de 42.000 unidades en este mercado. Cuatro veces más que España en el mismo periodo.
Pero como vemos, esto no ha sido suficiente y ahora Francia se enfrenta a la posibilidad de recibir sanciones por parte de Europa, sumándose a un «selecto» grupo de estados que no han hecho nada para reducir sus emisiones, como Polonia, Bulgaria, ya condenados por Europa en 2017. Un círculo de estados que podrían expandirse pronto a Alemania, Italia, Hungría, Rumania y el Reino Unido, todos llevados ante el TJUE por los mismos hechos y pendientes de sentencia.
De momento Francia no está condenada, pero de hacerlo se enfrenta a unas multas de hasta 11 millones de euros, además de una sanción mínima de 240,000 euros por día hasta el cumplimiento de las normas sobre contaminación, que supondrán casi 90 millones de euros cada año como mínimo.
Efectos de la contaminación: 48.000 muertos al año en Francia
Desde el gobierno francés se ha indicado que están decididos a mejorar de manera rápida y sostenible la calidad del aire, que es un imperativo ambiental y de salud pública. En Francia se estima que la contaminación es responsable cada año de 48,000 muertes. Sin embargo, el ministro recuerda que entre 2000 y 2018, «las emisiones de óxidos de nitrógeno disminuyeron en un 54%» y que los excesos de NO 2 se redujo a la mitad. Asegura que el gobierno ya ha iniciado una «serie de acciones estructurales»para mejorar la calidad del aire, como el bono de achatarramiento de coches viejos, que se supone que alienta a los franceses a cambiar sus diésel más contaminantes por vehículos más limpios.
Otras medidas en las que trabaja el gobierno en colaboración con los ayuntamientos es en la creación de zonas de bajas emisiones. Espacios donde de forma progresiva se irá prohibiendo el acceso a los vehículos diésel y gasolina, y por ejemplo París prohibirá el acceso de todos los vehículos diesel a partir de 2024, Estrasburgo y Grenoble por su parte han establecido 2025 y 2030 respectivamente para lograr este objetivo.
Medidas que para las asociaciones ambientalistas son poco ambiciosas, lo que condenará a los vecinos de estas ciudades a seguir respirando aire fuertemente contaminante hasta entonces, y que muy posiblemente supondrá futuras sanciones por parte de Europa.
Un ejemplo que nos muestra que los pasos deben ser mucho más ambiciosos, y que nos recuerdan las pobres acciones que se han dado en lugares como España, que en 2019 destinará apenas 35 millones de euros a ayudas a la compra de coches eléctricos, cuando el último plan PIVE, que buscaba incentivar la venta de coches diésel y gasolina, destinó sólo en el año 2016 un total de 275 millones de euros, y más de 1.100 millones en sus siete ediciones anteriores.
Algo que como era de esperar también tendrá sus consecuencias para nuestro país, que el pasado mes de julio ha sido llevado ante los tribunales europeos por las cifras de emisiones, principalmente en las grandes ciudades. Algo que puede suponer seguir el camino de Francia, y recibir fuertes multas hasta la solución del problema.
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Fuente | Le Monde
