Más allá de las ayudas a la compra. Medidas urgentes para acelerar la implantación del coche eléctrico en España

Estos días hemos visto como el calor de la Cumbre del Clima de Madrid, el gobierno español se ha subido de repente al carro de la sostenibilidad impulsado por la exposición pública a nivel mundial. Un sector público que en los últimos años ha sido más un freno que un factor acelerante para la implantación del coche eléctrico y las formas de movilidad sostenible en España.

Pero como para atrás ya no podemos ir, ahora sólo podemos ir para adelante. Una de las primeras noticias es el de lanzar un programa de ayudas a la compra de coches eléctricos, que contará con una dotación por primera vez a la misma altura que en su momento se hizo con el Plan PIVE y los incentivos a los coches diésel y gasolina. 200 millones de euros por año, además sólo para coches eléctricos. Nada de gas ni otras fuentes procedentes de los combustibles fósiles y con emisiones de efecto invernadero.

A esto añadir la rectificación de la desafortunada decisión de obligar al achatarramiento de un vehículo para acceder a las ayudas. Una forma usada en otros mercados, como Francia, pero que se usa como complemento al otorgar mayor cantidad al que entrega un coche viejo para retirar de la circulación. Pero esta medida como obligatoria supone cortar el paso a los incentivos a aquellas personas que se compran por primera vez un coche, y quieren que este sea eléctrico. Un sinsentido que parece se subsanará en esta nueva edición.

El problema del sector de la recarga

Pero con las ayudas sólo estaremos atacando uno de los retos a los que debe enfrentarse el sector. Y es que por mucho que bajen los precios, sin una amplia red de recarga las ventas seguirán dentro de un nivel marginal.

La cuestión es que el sector que está apostando por la expansión de las redes de recarga se enfrentan a un marco legal totalmente negativo para estas iniciativas. Cualquier empresa que decida lanzarse a invertir en esta costosa infraestructura debe enfrentarse a largos procesos burocráticos por parte de las administraciones públicas, que no tienen un plazo máximo de respuesta y que pueden dilatar el otorgar un sencillo permiso para un único punto durante meses.

Pero a esto hay que añadir otra vertiente. Las empresas eléctricas. Estas tampoco tienen un plazo máximo legal a la hora de ofrecer la conexión a una estación. El resultado es que hay estaciones de carga montadas, con una fuerte inversión tras ellas, listas para funcionar, pero que pueden necesitar hasta un año completo para entrar en acción. Una verdadera locura que necesita de la acción política para ponerle fin al igual que con el apartado de los permisos, con un plazo máximo de respuesta.

No olvidemos también el tercer problema al que se enfrentan las empresas instaladoras, y es la cuestión del término fijo potencia. Un apartado que desde las administraciones públicas debería regularse para favorecer la expansión de las redes de carga, que ahora deben afrontar unos costes elevados que hacen que la rentabilidad sea una quimera. Todo no olvidemos en una infraestructura estratégica para expandir una tecnología clave para un país fuertemente dependiente a nivel energético.

La conclusión es que además de ayudas, el gobierno debe dar un paso adelante y enfrentar la situación de la movilidad eléctrica desde toda su amplitud. Por supuesto hablamos de coches, pero esto también tendrá su efecto en otras formas de movilidad, como el transporte público, que se beneficiará de la economía de escala que logrará el sector de las baterías gracias a las crecientes ventas de vehículos particulares, y que permitirá a medio plazo llevar este transporte incluso a las zonas como la más de moda que nunca «España vacía» donde ahora no es rentable para las empresas y que gracias al menor coste operativo de los sistemas eléctricos, se acercarán un poco más.

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