El gobierno publicará en las próximas semanas la nueva normativa que regulará la instalación de puntos de recarga rápida para coches eléctricos

Además de ayudas directas, la venta de coches eléctricos depende en gran medida de factores como la disponibilidad de una red de carga. Un factor habitualmente olvidado en las políticas públicas que ahora parece afronta una nueva fase en España. Si hace unos días conocíamos los planes de la CNMC para establecer una nueva metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución, lo que en la práctica supondrá rebajar los costes fijos, ahora sabemos que el gobierno ultima un nuevo movimiento que facilitará la expansión de las redes de carga públicas.

El Ministerio de Transportes publicará en las próximas semanas un Real Decreto relacionado con los accesos a las carreteras estatales, para promover el despliegue de una red de recarga eléctrica por parte de operadores privados.

Según informa El Diario «La medida se implementará mediante la modificación de la Orden Ministerial de accesos a la red de carreteras, con el fin de incluir en este texto legal la forma de conectar a esta red las ‘electrolineras’ que se instalen. Así se hace ya con las gasolineras convencionales. La orden, recoge que «el titular de la instalación principal siempre responderá frente a la Dirección General de Carreteras de todas las obligaciones de la autorización».

En la práctica esto supondrá que aquellas empresas que quieran instalar una estación de carga puedan hacerlo de una forma más rápida y sencilla desde el punto de vista burocrático. Algo que sigue en ejemplo de la legislación que regula la puesta en marcha de gasolineras o áreas de servicio.

Por desgracia las barreras a las que se enfrenta el sector son incluso mayores. Después de solucionar la cuestión de los costes fijos, totalmente ridículos en España, y regular la cuestión de la instalación, desde el gobierno deberían ponerse manos a la obra de forma urgente con otros impedimentos que ralentizan de forma absurda la puesta en marcha de nuevas estaciones.

Problemas como los requisitos de las empresas distribuidoras de electricidad, que pueden llegar a dilatar un año la puesta en marcha de una estación de carga rápida. Algo que se suma a las trabas burocráticas para lograr los permisos cuando debe instalarse la misma en suelo público.

Movimientos que desde la administración indican se producirán «en las próximas semanas» y que deberían pavimentar una segunda parte del año donde la red de carga pública en España viva su mayor crecimiento desde el inicio de las instalaciones.

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