La lucha contra los okupas de los puntos de recarga para coches eléctricos continúa, y ahora han sido los tribunales alemanes los que han dictado una sentencia que podría ser copiada por el resto de mercado. Y es que hasta ahora había la duda de qué hacer cuando un coche con motor de combustión aparcaba en un espacio reservado para la carga de coches eléctricos. Si multa o grúa.
Y es que no muchas cosas más molestas cuando un conductor de un coche eléctrico necesita cargar, que encontrarse el espacio reservado para ello por un modelo con motor de combustión, o también por otro coche eléctrico que no esté cargando. Actitudes poco cívicas que en Alemania se han tomado en serio.
Esto lo demuestra una sentencia del Tribunal Administrativo Superior de Münster, que ha dictaminado que un coche que esté ocupando un espacio para la carga de coches eléctrico está obstruyendo el tráfico. Por lo tanto, incluso aunque existan otros espacios disponibles en ese momento para cargar el vehículo, el infractor podrá ser remolcado por la grúa municipal.
La obstrucción del tráfico ya estaba dada por el hecho de que el estacionamiento y, por lo tanto, la estación de carga para vehículos eléctricos legalmente reservados, no estaría disponible porque el infractor está estacionado incorrectamente.
El tribunal aclara que no habrá excusas válidas como que ha sido un momento puntual o que haya más espacios para la carga.
Esto sin duda abrirá un debate pero también sentará las bases para que los conductores respeten los espacios para la carga y que puede ser más efectiva a la hora de liberar esos puntos para que puedan ser usados por los clientes, y además, más efectiva de cara a evitar que aquellos con fondos suficientes como para pagar sin problemas las multas, también se den cuenta de que no es buena idea aparcar en esos espacios.
Otras ciudades han apostado por la vía punitiva. Hace unos días veíamos el ejemplo de la capital escocesa, Edimburgo, que había puesto en marcha un sistema de multas para los que den mal uso a la red de recarga o la ocupen ilegalmente. El resultado ha sido más de 4.000 multas en un año, que han engordado las arcas municipales pero no ha resuelto el problema.
