China preocupa por instalar la fábrica de SAIC junto a la base naval de Ferrol

La llegada de una fábrica de SAIC Motor al puerto exterior de Ferrol parece que no ha gustado demasiado a algunos, que han abierto un debate que, en principio, es perfectamente legítimo: ¿debe España extremar las precauciones cuando una empresa propiedad del Estado chino se instala a pocos kilómetros de una de sus principales infraestructuras militares? La respuesta razonable es sí. Lo que resulta bastante más discutible es dar por hecho que la planta vaya a utilizarse para espiar a la Armada o a Navantia simplemente por su ubicación.

SAIC Motor, propietaria de MG, prepara en Ferrol su primer gran proyecto industrial en Europa. La Xunta de Galicia ha declarado el complejo Proyecto Industrial Estratégico y la iniciativa contempla una inversión inicial de unos 200 millones de euros, 1.000 empleos directos y otros 1.000 indirectos, además de un centro industrial y logístico en As Pontes que podría generar otros 300 puestos de trabajo. La previsión actual pasa por comenzar las obras en 2027 y que la instalación esté operativa en 2028, con una capacidad que podría alcanzar los 120.000 vehículos anuales.

El problema señalado por Defensa y el CNI no es, por tanto, que se trate de una fábrica de coches eléctricos, sino quién está detrás de ella y dónde se ha decidido colocarla. SAIC es un gigante automovilístico de propiedad estatal china y la planta estará situada en el entorno del puerto exterior de Ferrol, con una posición desde la que resulta posible observar buena parte del tráfico marítimo que entra y sale de la ría. Al otro lado se encuentran el Arsenal de Ferrol y las instalaciones de Navantia, donde se construyen y mantienen buques militares.

Hasta aquí, la preocupación es comprensible. Cualquier Estado debería analizar con lupa una inversión extranjera cuando esta se encuentra cerca de una infraestructura militar estratégica. También sería absurdo ignorar que China y Estados Unidos mantienen una creciente pugna tecnológica y militar y que las empresas estatales chinas pueden estar sometidas a los intereses estratégicos de Pekín. Pero una cosa es aplicar controles de seguridad y otra muy diferente presentar como prácticamente demostrado un supuesto plan de espionaje.

El argumento de la ubicación, por sí solo, tampoco resulta especialmente sólido. Una fábrica industrial no es una instalación de inteligencia. Que desde una zona del puerto exterior pueda observarse el tráfico marítimo no significa que desde allí se pueda acceder a información clasificada, conocer las capacidades reales de los buques o penetrar en los sistemas informáticos de Navantia. La mayor parte de los movimientos de barcos militares, además, son visibles desde el exterior y existen fotografías, vídeos, satélites y datos públicos de buena parte de las operaciones navales.

Eso no significa que el riesgo sea inexistente. La ciberseguridad, la captación de información mediante personal, los dispositivos electrónicos o las comunicaciones sí son cuestiones que merecen una vigilancia específica, especialmente en una zona donde conviven actividad industrial y una infraestructura militar de primer nivel. Precisamente por eso existen los controles de seguridad, las zonas restringidas, los protocolos de acceso y las medidas de protección de información clasificada.

Lo que chirría es el salto desde esa precaución razonable hasta la insinuación de que la elección de Ferrol demuestra una estrategia de espionaje. Que SAIC también haya instalado una fábrica en Tijuana, cerca de San Diego, puede resultar llamativo, pero una coincidencia geográfica no constituye por sí misma una prueba de intenciones de inteligencia. La logística portuaria, las comunicaciones, la disponibilidad de suelo industrial y el acceso a mercados son razones bastante más habituales para explicar la ubicación de una fábrica de automóviles.

Y aquí aparece una cuestión que apenas se está planteando en el debate: si la proximidad a instalaciones militares convierte automáticamente una inversión extranjera en un problema de seguridad, habría que aplicar el mismo criterio independientemente de que el inversor proceda de China, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón o cualquier otro país.

Porque España ya tiene un ejemplo especialmente evidente de convivencia entre infraestructura militar estratégica, intereses industriales extranjeros y tecnología sensible. En Rota se encuentra la Naval Station Rota, una instalación española utilizada conjuntamente por España y Estados Unidos. La propia Armada estadounidense reconoce que la base es un punto estratégico para las fuerzas estadounidenses y de la OTAN y que alberga cinco destructores de la clase Arleigh Burke equipados con el sistema Aegis.

Y no hablamos simplemente de una presencia militar estadounidense junto a instalaciones españolas. Navantia trabaja directamente con la Armada estadounidense en Rota. La empresa española dispone allí de instalaciones y personal y mantiene los destructores estadounidenses desplegados en la base. En 2021, Navantia se adjudicó un contrato de mantenimiento de esos buques por un importe máximo de 822,4 millones de euros y con una vigencia prevista hasta 2028.

Un país, Estados Unidos, que se ha convertido en un aliado incómodo para Europa y España, por la errática política exterior de la actual administración, con sus amenazas a la propia España de echarla de la OTAN y cortar el comercio, o a Dinamarca con anexionarse Groenlandia, o su acuerdo militar y político con Marruecos. etc, etc.

Es decir, España considera perfectamente asumible que un país poco fiable como Estados Unidos tenga una presencia militar de enorme importancia estratégica en territorio español y que, además, una empresa pública española trabaje directamente sobre sus buques de guerra. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda pero necesaria: ¿por qué la mera proximidad de una empresa china dedicada a la fabricación de coches debería considerarse automáticamente una amenaza mientras aceptamos como normal la presencia estadounidense?

La respuesta no puede ser simplemente que Estados Unidos es un aliado y China no. Las alianzas importan, por supuesto, pero ser aliado no convierte a ningún país en incapaz de realizar labores de inteligencia. La historia reciente lo demuestra de manera bastante clara.

Por eso, si Defensa considera que la ubicación de la fábrica de SAIC presenta riesgos, lo razonable es reforzar las medidas de seguridad y establecer límites claros desde el primer día. Control de accesos, protección de las comunicaciones, separación física de las zonas sensibles, vigilancia de posibles actividades de inteligencia y controles sobre el acceso a información clasificada son medidas perfectamente normales.

También sería razonable que España estudiase cuidadosamente cualquier inversión procedente de un Estado extranjero que pueda tener implicaciones estratégicas. Pero hacerlo no implica convertir cada inversión china en una operación encubierta de Pekín. La diferencia es importante.

Además, Galicia tiene motivos económicos de peso para defender el proyecto. La comarca de Ferrol lleva décadas buscando nuevas oportunidades industriales y SAIC puede aportar una actividad que encaja con su tradición manufacturera y portuaria. La Xunta considera la planta una pieza estratégica para la reindustrialización de la zona y ha puesto en marcha una estructura específica para acelerar su desarrollo. Una apuesta que parece que alguien intenta desestabilizar para forzar a SAIC a llevarse la inversión a otra parte.

El debate debería estar, por tanto, en cómo garantizar la seguridad sin renunciar a la inversión. Si existe un riesgo concreto, que se identifique. Si hay información que no puede quedar expuesta, que se proteja. Si existen zonas desde las que no se puede fotografiar, grabar o utilizar determinados equipos, que se establezcan las restricciones correspondientes.

Lo que resulta difícil de justificar es pasar directamente de «una empresa china se instalará cerca de una base naval» a «China podría utilizar la fábrica para espiar a la Armada». Entre ambas afirmaciones existe un enorme espacio que debería rellenarse con pruebas y no con sospechas.

Y, sobre todo, España debería aplicar exactamente el mismo principio con todos sus socios y proveedores extranjeros. China merece vigilancia cuando existen riesgos reales, pero Estados Unidos tampoco debería quedar automáticamente fuera de cualquier escrutinio simplemente porque sea un aliado. Las revelaciones de la NSA demostraron hace años que incluso entre aliados existe actividad de inteligencia.

La seguridad nacional no debería depender de simpatías geopolíticas. Ni toda inversión china es espionaje, ni todo aliado es incapaz de espiar. La respuesta sensata está en proteger la información sensible, controlar los riesgos y exigir garantías a todos por igual. Si SAIC cumple esas condiciones, resulta difícil defender que la simple presencia de una fábrica de coches eléctricos en Ferrol deba convertirse en una amenaza geopolítica por sí misma.

Fuente | El Nacional