Los gobiernos ya buscan cómo cobrar impuestos a los coches eléctricos cuando desaparezca la gasolina

La transición hacia la el coche eléctrico proyecta cierto aire de miedo por la pérdida de recaudación impositiva para los gobiernos. Unos políticos habitualmente cortoplacistas y bastante miopes en este aspecto, al menos los europeos y norteamericanos, que no son capaces de entender la magnitudad de los beneficios que supondrá para nuestra sociedad, no solo en reducción de emisiones y ahorros de pérdidas personales y materiales por los gastos sanitarios, sino por el traslado de la producción de energía de los países productores de de petróleo a nuestros mercados.

A pesar de esto, algunos políticos se han puesto manos a la obra para intentar frenarlo, y con una idea que lleva años sobrevolando el sector, un impuesto al uso del coche.

En España, una parte muy importante del precio que pagan los conductores al repostar corresponde a impuestos. El impuesto especial sobre hidrocarburos representa alrededor del 24% del coste de la gasolina, lo que equivale a cerca de 36 céntimos por litro en el caso de la gasolina de 95 octanos. Si además se suma el IVA, entre el 42% y el 50% del precio final que paga el consumidor termina en las arcas públicas.

La magnitud de esta recaudación es enorme. Según los datos de la Agencia Tributaria, el impuesto sobre hidrocarburos aportó 12.366 millones de euros al Estado durante 2025. Incluso con el aumento constante del parque de coches eléctricos, la recaudación sigue creciendo ligeramente respecto a ejercicios anteriores, ya que en 2023 alcanzó los 12.053 millones de euros.

Pero esto es la punta de iceberg de los costes que supone para el estado la contaminación. Según los datos del Banco Mundial, los costos sanitarios y laborales derivados de la contaminación ascienden a 50,000 millones de euros anuales, representando el 3.5% del PIB español . Además, se estima que la contaminación atmosférica está relacionada con 62,000 ingresos hospitalarios urgentes cada año.

Sin embargo, la tendencia a medio y largo plazo parece inevitable. A medida que los coches eléctricos sustituyan a los modelos con motor de combustión, el consumo de gasolina y diésel disminuirá y, con él, también lo harán los ingresos asociados a estos impuestos. Una situación que llevará a muchos gobiernos a estudiar fórmulas alternativas para compensar ese presunto futuro déficit.

Tasas por recarga o impuestos según el peso: las alternativas que ya estudian algunos países

El problema no afecta únicamente a España. De hecho, varios países ya están analizando diferentes mecanismos para reemplazar los ingresos procedentes de los combustibles fósiles.

Uno de los ejemplos más llamativos es Reino Unido. Diversos estudios han calculado que la expansión de la movilidad eléctrica podría provocar una pérdida de hasta 37.000 millones de euros en ingresos fiscales para las cuentas públicas británicas. Ante este escenario, en 2023 se llegó a plantear una propuesta especialmente polémica: aplicar una tasa sobre cada kWh consumido en los puntos de recarga públicos.

La cifra que se manejó entonces era de 30 céntimos de euro por cada kWh recargado, un importe que habría encarecido de forma muy significativa el uso de los coches eléctricos. De hecho, una medida similar en España podría elevar aproximadamente un 50% el precio de la recarga en algunos cargadores rápidos de 100 kW, reduciendo buena parte de la ventaja económica que actualmente ofrece la movilidad eléctrica frente a los vehículos de gasolina o híbridos.

Aunque la propuesta británica finalmente no salió adelante, puso sobre la mesa un debate que continúa abierto y que probablemente regresará en los próximos años conforme aumente el número de coches eléctricos en circulación.

Otra alternativa que empieza a ganar fuerza se encuentra en Australia. Allí, el impuesto sobre los combustibles también constituye una importante fuente de financiación, especialmente para el mantenimiento de las infraestructuras viarias. Cada litro de combustible soporta una carga fiscal equivalente a unos 31 céntimos de euro.

Con el descenso progresivo del consumo de gasolina y diésel, las autoridades australianas estudian implantar una nueva tasa vinculada al peso de los vehículos. Oficialmente, el argumento es que los vehículos más pesados generan un mayor desgaste sobre las carreteras y, por tanto, deberían contribuir más a su mantenimiento.

Sin embargo, esta fórmula tendría un efecto especialmente notable sobre los coches eléctricos, que suelen registrar pesos superiores a los de sus equivalentes con motor térmico debido al tamaño de sus baterías. Por ese motivo, algunos expertos consideran que se trataría de una forma indirecta de trasladar parte de la carga fiscal que actualmente soportan los combustibles a los usuarios de vehículos electrificados.

Lo cierto es que pocos gobiernos parecen dispuestos a anunciar abiertamente un impuesto específico para los coches eléctricos. El impacto político de una medida de este tipo sería considerable en un momento en el que la mayoría de países intenta fomentar la electrificación del transporte para reducir emisiones.

Además, los datos como vemos no respaldan totalmente la afirmación de que el coche eléctrico supondrá un descenso de recaudación para el estado, ya que además de los menores costes sanitarios, hay que su mar el efecto de la generación de trabajo en la producción energética, la expansión y mantenimiento de las redes de carga públicas, la instalación de cargadores privados, y por supuesto, la creación de puestos de trabajo en sectores satélite como las energías renovables, que crecen a la par que el coche eléctrico.

Esto nos lleva a pensar que el impuesto al coche eléctrico no es más que una excusa para una clase política contaminada por los grupo de presión de la industria del automóvil de combustión, incapaces de ser competitivos en la nueva era eléctrica y que intentan como sea frenar la implantación del coche eléctrico.