En el mes de enero de 2010 cubríamos por primera vez una iniciativa relacionada con el coche eléctrico que ha hecho correr ríos de tinta, y no en el buen sentido de la palabra. Hablamos de Hiriko. Un proyecto que pretendía poner en el mercado un revolucionario modelo eléctrico y urbano capaz de adaptar el tamaño de su cuerpo a las necesidades, y que se adelantaba al formato del car sharing tan de moda hoy en día.
El proyecto nació en 2004 dentro del equipo ‘Smart cities’ del Instituto de Tecnología de Massachusetts. En 2010 llegaron a un acuerdo de colaboración con un grupo de empresarios del País Vasco para el desarrollo industrial de un prototipo y su posterior comercialización y distribución de este vehículo que se fabricaría en nuestro país. Incluso se llegó a indicar que había interés de ciudades de todo el mundo interesadas en incorporarse al proyecto. Algo que les ha permitido recaudar una importante cantidad de dinero, incluyendo 19 millones de euros procedentes del gobierno vasco y del central.
Pero en 2012 la cosa empezó a torcerse. Primero con el descubrimiento por parte de la administración vasca que Hiriko estaba contratando fuera de la comunidad, lo que violaba el acuerdo de financiación firmado que indicaba una producción 100% local. Además desde la dirección se indicaba que contaban con pedidos desde ciudades como Malmo, en Suecia, San Francisco, Barcelona, Berlín o Florianápolis (Brasil) que suponían la fabricación de 700 unidades durante el 2012. Pero ninguno de esos pedidos llegó a ser confirmado.
Empieza el juicio por Hiriko
Ahora ha comenzado el juicio donde se tendrán que determinar las responsabilidades por el fracaso de Hiriko. El juzgado encargado de las diligencia ha sido el Mercantil número 1 de Gasteiz, que ha acogido ayer viernes la declaración del ex-concejal del PNV Iñigo Antia, y los empresarios Jesús Echave, Fernando Achaerandio y José Luis Bengochea. Unos acusados en un juicio que investiga las responsabilidades por la pérdida de casi 19 millones de euros de ayudas públicas.
Los acusados han indicado en la primera sesión del juicio que intentaron salvar el proyecto hasta el último minuto, e incluso llegaron a retrasar la petición del concurso de acreedores pensando en que llegaría la inversión necesaria para poner en marcha el proyecto. Un retraso de dos años que perjudicó todavía más a los acreedores y que justifican por el presunto interés de inversores de Kazajistán, Irán y de Japón.
Sin duda destacable que los promotores del proyecto Hiriko han reconocido que no contaban con experiencia en el mundo del motor, y que desde el Ministerio de Industria se sabía. Algo que no impidió la recepción de millones de euros públicos a un proyecto que ahora el juez debe decir si ha sido creado solamente para este último fin.
Algo que parece señalar el hecho de que los requisitos para recibir las ayudas institucionales fuera que el coche estuviese homologado. Preguntado por este extremo Fernando Achaerandio ha precisado que el vehículo «Debía ser capaz de ser homologable, no llegar a la homologación«. Algo que se logró y que permitió sin que el coche contase con la correspondiente certificación, la entrada de dinero público. Algo que también nos indica cierto descontrol por parte de la administración.
Pero sin duda la parte más preocupante para los acusados está en la investigación penal que se ha puesto en marcha en un juzgado de Álava, en la que se estudia la presunta utilización de facturas falsas por parte de los responsables del proyecto para destinar a su propio beneficio las ayudas públicas concedidas al proyecto Hiriko. Estas facturas presuntamente irregulares sumarían, según la investigación de la Fiscalía, más de seis millones de euros adicionales.
Clip HIRIKO from HIRIKO Driving Mobility on Vimeo.
Vía | DV
