Durante el Salón de Ginebra había un tema que casi monopolizaba las conversaciones en los stands de los diferentes fabricantes. La caída de las ventas de coches con motor diésel en Europa. Un descenso que no hace más que acelerarse y que amenaza los planes para lograr cumplir con las nuevas normativas de emisiones que entrarán en vigor en 2021.
Y es que la entrada en desgracia de este tipo de motorizaciones ha estado precedida de una enorme inversión en estos sistemas por parte de unas marcas europeas confiadas en el gasóleo. Pero ahora afrontan un nuevo escenario donde los consumidores están empezando a rechazarlos, con consecuencias imprevisibles.
El principal problema es que no hay un plan B. Aunque casi todas las marcas en mayor o menor medida tienen planes de lanzar coches eléctricos o híbridos para 2020, estos modelos no pasarán de ser iniciativas simbólicas a nivel productivo en sus primeros años respecto a los motores convencionales. Algo que supondrá casi con total seguridad el tener que afrontar multas de cientos de millones de euros por incumplir las normas de emisiones. Unas normas que habían sido dictadas a medida de unas marcas centradas en un diésel que a pesar de ser mucho más contaminante que las gasolinas, cuenta con una menor tasa de emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que tiene en cuenta la normativa europea.
Pero ahora esa trampa se ha vuelto en contra de unos fabricantes que han visto como el diésel está empezando a retroceder de forma abrupta, con un traspaso que mayoritariamente tiene su destino en los modelos gasolina.
La reacción de las marcas ha sido muy diferente. Desde Volkswagen su presidente, Matthias Mueller, ha indicado que tienen esperanzas de que el diésel todavía pueda reactivar sus ventas en los próximos meses.
Por su parte otro de los fabricantes más «dieselizados» el grupo francés PSA, también se ha mostrado preocupado, pero sus peticiones al menos a nivel público han ido por otros derroteros. Carlos Tavares, presidente de Citroën-Peugeot, ha confirmado que trabajarán desde la asociación de fabricantes europeos, que el mismo preside, para que los gobiernos den un paso al frente y apoyen la expansión de las redes de recarga para coches eléctricos.
Según Tavares, se trata de un movimiento lógico que ayudará a incentivar la entrada de capital privado en un sector que necesita un catalizador inicial desde las administraciones públicas.
Al mismo tiempo, Tavares ha comenzado una discreta campaña para presionar a la UE para lograr de alguna forma no tener que afrontar las fuertes sanciones por no cumplir con las normas de emisiones. Ha indicado que los fabricantes no deberían ser multados a no ser que se contase con una amplia infraestructura de recarga pública para coches eléctricos.
Vía | Autonews
