Ayer fue el primer día sin Madrid Central, tras la decisión del nuevo Ayuntamiento de la capital de activar una moratoria de las multas a aquellos que accedan a la zona de bajas emisiones de la ciudad. Una polémica medida que además también ha afectado a las áreas de prioridad residencial (APR), que llevaban vigentes desde 2004, 2006 y 2015 (todas ellas fueron establecidas bajo gobiernos del PP).
Las consecuencias no se hicieron esperar, y la jornada estuvo salpicada por protestas vecinales y numerosos atascos, llegándose al punto de que se han superado los embotellamientos de los días lectivos a pesar de ser ya las vacaciones escolares, un hito nada positivo que deja en evidencia la pésima decisión que ha sido eliminar Madrid Central y las zonas APR.
La ausencia de multas ha conllevado un aumento del tráfico dentro de la M-30 en las horas puntas. En el interior de la almendra central ha aumentado el tráfico respecto al promedio de julio de 2018 en un 5,2%, en la propia M-30 en un 6,5%, y un 8,5% en su exterior. Esta situación ha afectado no sólo a los particulares, sino también a los repartidores, que han visto como la caótica situación ralentizaba su jornada laboral.
Tanto la calle Mayor como la Gran Vía se han visto completamente saturadas, algo que ha provocado el enfado de conductores, transportistas, transeúntes y vecinos, que han tenido que ver como el centro de la ciudad volvía a llenarse de coches viejos y de tráfico lento. Algo que, como era de esperar, ha tenido consecuencias directas en los niveles de contaminación.
Así, la estación de medición de la calidad del aire situada en la plaza del Carmen, que es la única en el interior de Madrid Central, ha superado los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) permitidos. La contaminación se ha disparado, con unos valores por encima de los 40 microgramos de NO2 por metro cúbico, que es el límite legal, algo que casi había conseguido erradicarse por completo con Madrid Central.
Como protesta por esta situación, 17 activistas de Greenpace cortaron a primera hora el acceso a la APR de la calle Alcalá. El alcalde, Martínez-Almeida (PP), ha criticado la acción de la ONG, pues según él ha creado más retenciones y atascos, lo que ha aumentado la contaminación. Unas declaraciones cuanto menos curiosas si tenemos en cuenta que los activistas fueron evacuados tras apenas una hora de protesta. A todo esto habría que sumar además la amenaza de multas por parte de la Unión Europea, que ve con preocupación la evolución de la contaminación en la única ciudad de Europa que ha revertido sus medidas para luchar contra la polución ambiental.