El caos en España de la regulación de aparcamiento de coches eléctricos

Hace unas semanas estaba recogiendo a mi hija en el colegio, a donde acudo con mi coche eléctrico que estaciono correctamente en una calle cercana que está en lo que llamamos «zona azul». Un espacio regulado donde hay que pagar por aparcar y donde puedes estar un tiempo máximo. Pero después de meses o años aparcando ahí, otro conductor me ha dicho que los coches eléctricos no tenían que pagar. Que en nuestro ayuntamiento estaban exentos. Pero por desgracia, es algo que no sucede en todos lo que lleva a muchos al engaño, y a la multa.

En la red podemos ver múltiples casos de personas que por desconocimiento, han estacionado en una zona regulada de otro ayuntamiento con su coche eléctrico pensando que también es gratis aparcar en esas, zonas, pero que luego descubren por las malas que en ese no.

Este auténtico caos es fruto de una normativa que como otras, como el impuesto municipal, depende de cada ayuntamiento. Algo que supone que puede que en tu ciudad se pueda aparcar, pero en la vecina no. Un verdadero caos que denota el error de dejar en manos de unas administraciones locales acciones de promoción de la movilidad sostenible.

El problema además de no saber si podremos o no estacionar, es que no es fácil averiguarlo. Los anuncios suelen venir escondidos en las publicaciones de cada consistorio, como si de algo vergonzoso se tratase. La única forma es ponerse en contacto telemáticamente con el departamento correspondiente, y rezar para que alguien tenga esa información.

No terminan ahí los problemas. En otros casos es todavía más sangrante ya que la ciudad cuenta con una normativa que exime del pago de la zona regulada a los coches eléctricos. Pero esto no evita que algunos conductores reciban una multa. Algo que sucede en la ciudad de Valencia o en Pamplona.

Una anécdota la cuestión de la gratuitidad o no de la zona regulada, pero resulta un ejemplo paradigmático que pone sobre la mesa en manos de quién estamos dejando una importante parte del trabajo por lograr la soberanía y seguridad energética del país.

Algo que tiene su impacto en el bolsillo de todos al depender la economía de con qué movemos mercancías y personas, o climatizamos las viviendas. Algo que de momento se realiza en su mayor parte con combustibles fósiles que tienen en nuestros ayuntamientos sus principales defensores. Unas administraciones locales que por falta de visión se han convertido en un freno al progreso energético.