El Senado ya ha aprobado la Inflation Reduction Act, que tiene que pasar ahora por el Congreso. Esta legislación, entre otras cosas, regula los créditos fiscales que se darían a los compradores de coches eléctricos en Estados Unidos, tanto usados como nuevos, para reducir el precio de compra. Para empezar, es una medida con fuertes tintes proteccionistas.
Hoy día la dependencia de China es casi total para la producción de baterías, desde la obtención de los minerales, su procesamiento, producción de celdas y módulos. Como ya os contamos, China domina gran parte de la cadena de suministro de estos materiales, por lo que resulta harto difícil hacer un coche eléctrico sin tener que pasar por ninguna empresa de China.
Los legisladores de EEUU quieren que el país vaya siendo cada vez más autosuficiente y suprima esa dependencia de uno de sus principales rivales geopolíticos. Tal y como está la norma al salir del Senado, los fabricantes tienen requisitos de aprovisionarse de materiales y baterías dentro de Norteamérica, es decir, tanto Estados Unidos como su vecino norte y sur, Canadá y Méjico.
Los requisitos son muy difíciles de cumplir para los vehículos que hay actualmente a la venta. Según la Alianza de Innovación Automovilística, de 72 vehículos eléctricos (PHEV, BEV y FCEV) disponibles en el país, 50 se quedarán fuera de los créditos federales o verán reducida la cuantía a la mitad. A tenor de que se vayan endureciendo las fechas, la ayuda podría llegar a existir solamente en el papel.
El objetivo de la norma es que los vehículos eléctricos se fabriquen en Norteamérica, que los minerales necesarios se obtengan localmente, y que las baterías se fabriquen también en el subcontinente; sin dependencia de China. El país asiático no está mencionado explícitamente, pero se hace referencia a «preocupantes entidades extranjeras».
Y es que hay que admitir una verdad incómoda en el auge de la electromovilidad, varios de sus pilares se asientan en países donde el respeto a los derechos humanos o el medio ambiente están a años luz de ser una preocupación. Los fabricantes tratan de minimizar esos riesgos mediante cadenas de suministro certificadas, contratos… pero es una forma un tanto naíf de taparse la nariz. Y los clientes también lo hacen, obviamente.
La globalización está dando pasos hacia atrás y ya no es todo un simple business as usual. La industria del motor en Norteamérica y en Europa está dando pasos hacia la autosuficiencia, relocalizando la producción de celdas y módulos de batería, e incluso preparando la explotación de recursos minerales. Los proveedores extranjeros han sufrido interrupciones de suministro que han resultado críticas.
La postura de Estados Unidos, en ese sentido, no es reprochable: quieren que esa cadena de valor esté cerca y repercuta más en su economía. Es más, la legislación es todo un incentivo para empresas como Redwood Materials, que se ocupan de convertir baterías fuera de uso en materiales para baterías nuevas sin diferencias de calidad. O lo que es lo mismo, se incentiva la economía circular.
Lo bueno de la Inflation Reduction Act es que eliminará el tope de unidades para que los fabricantes que más unidades han vendido vuelvan a optar (mejor dicho, sus clientes) a las ayudas. Serán eligibles los coches hasta 55.000 dólares y los pick-up y SUV hasta 80.000 dólares, para particulares con ingresos por debajo de 150.000 dólares o parejas que ingresen menos de 300.000 dólares.
