El queroseno sintético y verde puede ser un puente sostenible hacia una aviación con cero emisiones

Electrificar el transporte aéreo es una de las últimas fronteras a las que se tiene que enfrentar la tecnología. Un sector muy complicado de alcanzar para las baterías, y donde según la Unión Europea, tendremos que optar por soluciones intermedias como es el queroseno sintético producido con energías renovables.

El queroseno sintético es un combustible de aviación sostenible (SAF) derivado del hidrógeno verde, que se produce usando energías renovables. Este según la UE, ofrece un importante potencial de reducción de emisiones de CO2 que los combustibles sintéticos o los biocombustibles.

Una solución que permitirá cumplir con los retos marcados por el proyecto Green Deal Europeo de la UE, que se ha marcado como objetivo una reducción de las emisiones de la aviación del 89% para 2050. Un reto donde los combustibles SAF se convertirán en una tecnología puente mientras se termina de desarrollar la tecnología para poder diseñar aviones eléctricos a batería o a hidrógeno.

Alternativas que según la UE, no estarán listas para comenzar a tomar el relevo en vuelos de media y larga distancia hasta el periodo comprendido entre 2035 o 2040.

El principal problema es que los combustibles SAF, no ofrecen reducciones de emisiones cuando se queman. Ofrecen otros beneficios como ahorros de emisiones durante su producción, a partir de la absorción de carbono de su materia prima en el caso de los biocombustibles avanzados. A esto se añade que apenas hay capacidad de producción en Europa, algo que supondrá además incentivar la producción local para evitar la dependencia externa.

Según el informe de la UE, será necesario invertir al menos 50.400 millones de euros para desarrollar la tecnología, además de otros 378.000 millones de euros en implementarla comercialmente.

Pero a cambio Europa podrá acceder a unos combustibles más económicos y sostenibles, que le permitirán ahorrar unos 395.000 millones de euros hasta 2050. Algo que supondría un coste neto total de apenas 33.000 millones de euros.

Fuente | Europarl