Un centenar de ayuntamientos españoles incumplen la normativa que facilita la instalación de puntos de carga

Según informa La Tribuna de Automoción, como mínimo 13 ciudades de más de 50.000 habitantes están incumpliendo el Real Decreto-ley 29/2021, que permite la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos sin necesidad de solicitar permisos, simplemente realizando una Declaración Responsable. Entre ellos se encuentran grandes capitales como Barcelona, Valencia y Zaragoza.

AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica) ha trasladado un expediente a la Secretaría para la Unidad del Mercado de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) para que tome medidas, ya que un centenar de ayuntamientos están vulnerando el RDL al exigir la tramitación de una Licencia de Obras.

Esto anula una de las principales ventajas de la nueva norma, que es considerada por el sector como uno de los puntos clave para agilizar el despliegue de la infraestructura de carga y reducir la brecha que separa España de otros países de Europa. De acuerdo con la demanda, los ayuntamientos están levantando barreras y no admiten la Declaración Responsable contemplada en la legislación.

Además de Barcelona, Valencia y Zaragoza, otros de los municipios que están poniendo trabas son Alcalá de Henares, Alcobendas, Aranjuez, Getafe, Irún, Lleida, Majadahonda, Parla, Salamanca y Santander.

La comunidad autónoma más afectada es Cataluña, seguida de Aragón

El caso de Irún resulta especialmente curioso, pues su alcalde, José Antonio Santano, preside desde el año pasado la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). La ciudad vasca es uno de los cuatro grandes ayuntamientos del PSOE junto con Alcalá de Henares, Getafe y Parla en incumplir una normativa impulsada por el propio partido.

«Lo más sangrante es que entre los ayuntamientos que no admiten la Declaración Responsable, se encuentran varias ciudades de más de 50.000 habitantes y que son plenamente conscientes de la existencia de esa obligación pero que la desoyen, mientras que en otros casos, el consistorio no tiene contemplado dicho trámite en su sede electrónica», explica el director general de AEDIVE, Arturo Pérez de Lucia.

Por comunidades autónomas, la que más afectada se ve por número de ayuntamientos es Cataluña (24 municipios), seguida de Aragón (9 municipios), Andalucía (8 municipios), Madrid (8 municipios), Valencia (8 municipios) y Castilla y León (7 municipios). El resto se distribuyen entre País Vasco, Cantabria, Asturias, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Canarias y La Rioja.

Fuente | La Tribuna de Automoción