Ocho países de la Unión Europea, incluidos Francia e Italia, han solicitado la supresión total de la futura normativa Euro 7 por considerarla poco realista y potencialmente perjudicial para la industria local, ya que obligará a los fabricantes a desviar parte de sus inversiones en electromovilidad a la actualización de sus motores de combustión interna, los cuales se prohibirán de forma efectiva en 2035.
«Nos oponemos a cualquier nueva norma de emisiones (incluidos nuevos requisitos o nuevos límites) para automóviles y vehículos comerciales», reza el documento firmado por Francia, Italia, República Checa, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania y Eslovaquia. Entre otras cosas, la Euro 7 contempla endurecer los límites de emisiones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas de frenos y neumáticos.
Originalmente, estaba previsto que su entrada en vigor tuviera lugar el 1 de julio de 2025, un margen calificado como insuficiente por los ocho países. Aunque Alemania no forma parte de este grupo, todo parece indicar que tampoco ve con buenos ojos la Euro 7, que podría estar sentenciada antes incluso de su aprobación final.
La industria parece tener claro que no saldrá adelante, pues algunos fabricantes ya han anunciado que extenderán la vida comercial de sus gamas térmicas. Este es el caso de SEAT, cuyos Ibiza y Arona recibirán un segundo restyling a corto plazo que les permitirá mantenerse a la venta hasta finales de la década.
La industria, en contra de la Euro 7
El pasado mes de marzo, Skoda advirtió de que la aprobación de la Euro 7 podría conllevar el cierre de una de sus plantas europeas, ya que haría inviable la continuidad de sus tres modelos basados en la plataforma MQB A0 (Fabia, Kamiq y Scala), que no es compatible con ningún tipo de hibridación. Esta es la misma arquitectura que emplean los antes mencionados Ibiza y Arona.
«Si [la Euro 7] se aprueba de esta forma, Skoda tendría que cerrar una planta, porque dejaríamos de producir los modelos más pequeños: Fabia, Scala, Kamiq, lo que significa que al menos 3.000 puestos de trabajo [se verían] afectados», llegó a declarar Martin Jahn, jefe de ventas de la firma checa, durante una intervención en televisión.
Carlos Tavares, CEO del grupo Stellantis, cree que los fabricantes europeos no deberían tener que destinar recursos a una tecnología que la Unión Europea quiere prohibir (con la excepción de los combustibles sintéticos) dentro de poco más de una década. «No es útil, es caro, no ofrece beneficios a los clientes, no ofrece beneficios ambientales».
Fuente | Automotive News Europe
