La esperpéntica detención de los trabajadores de la fábrica de baterías de LG en Estados Unidos
Lo que comenzó como una redada migratoria ha terminado en una crisis internacional que amenaza con frenar la millonaria inversión de los grupos surcoreanos en EE.UU. Una historia de película que supone un golpe a la confianza de los inversores en la administración Trump.
La historia es que, en medio de la política migratoria de Estados Unidos, una redada de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas en las obras de la planta de producción de baterías de Hyundai-LG en Georgia acabó con la detención de más de 300 técnicos surcoreanos, que han sido llevados a un centro de detención donde han sido encerrados en condiciones bastante duras.
La mayoría de los detenidos había entrado en EE.UU. con visado B-1 de visitante temporal por negocios o bajo el sistema electrónico ESTA. Bajo las directrices del Departamento de Estado, los visados B-1 permiten la entrada de técnicos extranjeros para tareas específicas, como instalación, mantenimiento o formación de equipos previamente vendidos a clientes estadounidenses, siempre que esté reflejado en el contrato. Sin embargo, la administración de inmigración habría interpretado estas actividades como “trabajo no autorizado”, lo que ha sido ampliamente cuestionado por abogados especializados y por el gobierno surcoreano.
Los abogados de los detenidos ha asegurado que sus clientes “nunca debieron ser arrestados” y que todos estaban cumpliendo con las condiciones de su visado. En su mayoría, eran ingenieros y técnicos responsables de la puesta en marcha de equipos industriales en la planta de baterías. La detención, por tanto, no solo ha generado un agravio diplomático, sino que ha paralizado el avance de la instalación, que estaba llamada a generar miles de puestos de trabajo en una región donde la economía verde empieza a cobrar protagonismo.
Como respuesta a la crisis, Seúl ha solicitado a Washington la creación de una nueva categoría de visado específica para técnicos altamente cualificados, con el fin de evitar malentendidos en el futuro y facilitar la cooperación industrial. Se ha propuesto un grupo de trabajo conjunto para revisar el sistema de visados para empresas surcoreanas. Por el momento, Corea del Sur ha recibido garantías de que no habrá trabas en futuras entradas para estos perfiles técnicos, aunque la desconfianza persiste.
Pero lo más importante es que la perspectiva estratégica pone de relieve la tensión estructural entre dos objetivos del gobierno estadounidense: el impulso a la industria nacional y la política de restricción migratoria. El caso de Hyundai-LG demuestra que ambos caminos chocan cuando la mano de obra especializada no existe a nivel local, y les obliga, com a otros muchos países, a recurrir a personal extranjero para transferir conocimientos y completar proyectos clave.
En España tenemos un ejemplo bastante gráfico, y es la gigafábrica de baterías de CATL en Zaragoza. Una instalación que supondrá el desembarco de 1.800 trabajadores chinos, entre los que se encontrarán ingenieros, técnicos y operarios, que se encargarán de poner en marcha una fábrica que a pleno rendimiento supondrá la creación de 3.200 puestos de trabajo directos. Unos puestos que se cubrirán paulatinamente con mano de obra local.
La paradoja es evidente: mientras algunas administraciones promueven incentivos para atraer fábricas de baterías y componentes, al mismo tiempo se obstaculiza la llegada de los técnicos necesarios para ponerlas en marcha. La administración Trump parece haber tomado nota del impacto político y económico del episodio, y está ahora abierta a ofrecer alternativas. Pero el daño ya está hecho. Corea del Sur evalúa si seguir apostando por Estados Unidos, o diversificar sus inversiones hacia otros mercados con mayor certidumbre legal, como Europa.
