El coche eléctrico no acaba de arrancar en las ciudades españolas y gran parte de la responsabilidad es de los gobiernos. Mientras vemos cómo otras ciudades toman la iniciativa e imponen drásticas medidas para reducir la contaminación e impulsar los eléctricos, las ciudades españolas malgastan el dinero en eventos, campañas e iniciativas que nunca se llevan a cabo.
Ahora las ciudades españolas perderán más dinero en forma de multas, las que tendrán que pagar a la Comisión Europea por no cumplir la normativa de calidad del aire. Multas que rondaran el medio millón de euros, mientras que la contaminación, procedente en un 70% del tráfico, sigue deteriorando gravemente la salud de los ciudadanos.
9 de cada 10 españoles respira aire contaminado. Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca son las ciudades más contaminadas del estado, con niveles de NO2 muy por encima de de los valores límite de la EU y los acuerdos de las Naciones Unidas.
La contaminación se mide principalmente en niveles de NO2. El NO2 es un gas irritante de las vías respiratorias originado por los motores de combustión interna, que viene además acompañado de otros contaminantes como los monóxidos de carbono, óxidos de azufre y partículas finas que se asocian a problemas cardiovasculares, respiratorios, alergias, cáncer e incluso colesterol, minando la salud de la población de los núcleos urbanos.
Madrid y Barcelona habían pedido en el último año una prórroga para cumplir los límites establecidos, pero la Comisión Europea la ha rechazo, ya que no ha visto indicios de mejora ni medidas suficientes para solucionarlo.
Ecologistas en Acción ha denunciando durante años esta situación y exige medidas más efectivas, como la limitación del tráfico en los núcleos urbanos, una medida puesta en marcha en ciudades como Londres que ha surgido su efecto. Según esta organización «mueren ocho veces más personas por efecto de la contaminación que por los accidentes de tráfico».
Además de restringir el tráfico en el núcleo urbano el uso de coches eléctricos es una solución inmediata al problema de contaminación. Programas de alquileres cortos, como el AutoLib de Paris que es utilizado por comerciantes para sus transportes diarios, ayudas a la compra de flotas para empresas y taxis sin emisiones, la implantación de autobuses eléctricos y puntos de recarga o la introducción de motos eléctricas en los servicios de reparto municipales suponen además una inversión para los consistorios.
Una inversión en forma de ahorro de combustible y mantenimiento, que no nos cansamos de repetir, pero también una inversión en salud que supondrá un ahorro en el tratamiento de enfermedades, de tiempo de consulta y de medicamentos. Y sobre todo en calidad de vida. Tal vez esos millones de euros sean lo suficiente importantes para los ayuntamientos de nuestras ciudades, porque está claro que nuestra salud no lo es.
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Fuentes | Comision Europea | Ecologistas en Accion | El Pais | La Vanguardia
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