La semana pasada, un grupo de ocho países (Francia, Italia, República Checa, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania y Eslovaquia) solicitaron por escrito a la Unión Europea la supresión de la futura normativa de emisiones Euro 7, que entrará en vigor a mediados de 2025 para automóviles y dos años más tarde para autobuses y camiones.
La nueva legislación, que será negociada por los Estados miembros y la Unión Europea este mismo año, buscará endurecer los límites de emisiones de contaminantes como el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y las partículas de frenos y neumáticos. De acuerdo con los fabricantes, sus beneficios ambientales serán mínimos respecto a su elevado coste.
Según un estudio realizado por la consulta Frontier Economics para la ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles), la Euro 7 podría costarle a la industria hasta diez veces más que lo estimado por Bruselas: unos 1.862 euros por coche y 11.707 euros por autobús y camión.
Por el momento, España mantiene una posición neutral sobre la nueva normativa. Nuestro país, que ocupará la presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre del año, se constituye actualmente como uno de los mayores productores de automóviles del viejo continente, solo por detrás de Alemania.
La industria española presiona contra la Euro 7
Aunque España se está convirtiendo con rapidez en un atractivo polo para la producción de vehículos eléctricos gracias entre otras cosas a las ayudas del PERTE VEC, al fácil acceso a la energía de origen renovable y a los bajos costes laborales, la industria autóctona está presionando en contra de la Euro 7.
El Grupo Volkswagen, que cuenta con dos plantas en suelo nacional (Landaben y Martorell), podría extender la vida comercial de algunos de sus modelos térmicos (SEAT Ibiza y Arona, Volkswagen Polo, T-Cross y Taigo…) en caso de que finalmente la norma no llegue a buen puerto, como parece que finalmente será. La multinacional alemana planea comenzar a fabricar coches eléctricos en sus instalaciones catalanas a mediados de 2025.
El Grupo Renault y Geely por su parte están estudiando asignar la sede de su nueva joint venture Horse a España o Rumanía. Recordemos que esta empresa conjunta estará dedicada al desarrollo y la producción de motores de combustión interna, sistemas híbridos y combustibles sintéticos, lo que explica la postura del Gobierno español. La petrolera saudí Aramco también tendrá una participación minoritaria en la entidad.
Fuente | El Economista
