Polonia recurrirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la norma que prohibirá la venta de automóviles nuevos con motor de combustión interna (exceptuando aquellos que funcionen exclusivamente con combustibles sintéticos) a partir de 2035. Anna Moskwa, ministra de clima y medioambiente polaca, ha sido la encargada de anunciar esta acción.
Aunque algunos países como Italia o Alemania han mostrado su malestar respecto a estos objetivos (de hecho, Alemania forzó in extremis la exención de los e-fuels), el gobierno ultraconservador de Polonia ha sido el único en oponerse constantemente a la propuesta, afirmando que sus consecuencias sociales y económicas podrían ser desastrosas.
«No estamos de acuerdo con este y otros documentos del paquete Fit for 55 y lo estamos llevando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Espero que otros países se unan. Presentaremos la moción en los próximos días», declaró Moskwa a Radio Zet el pasado lunes, dando a entender que su demanda podría contar con el apoyo de otros Estados miembros.
Legislación aparte, lo cierto es que el grueso de los fabricantes europeos ya han abandonado los motores de combustión interna, aunque algunos políticos todavía no se hayan dado cuenta. Los cinco principales grupos automotrices del viejo continente (BMW, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis y Volkswagen) están destinando el grueso de sus inversiones a la electrificación, ya que, como bien está demostrando el mercado chino, el coche eléctrico se terminará imponiendo por sí mismo por una simple cuestión de eficiencia y costes.
Otros países podrían unirse a Polonia en su demanda
«Nadie está desarrollando desde cero un nuevo motor de combustión en Europa… Todo el dinero se destina a la tecnología eléctrica o de hidrógeno», afirmaba hace unas semanas Luca de Meo, CEO del Grupo Renault.
La demanda de Polonia se ha producido poco después de que ocho países de la Unión Europea (Francia, Italia, República Checa, Bulgaria, Hungría, Rumania, Eslovaquia y la propia Polonia) solicitaran formalmente a Bruselas la supresión total de la futura normativa de emisiones Euro 7 por considerarla contraproducente y dañina para la industria autóctona.
Carlos Tavares, CEO de Stellantis, cree que los fabricantes europeos no deberían tener que destinar recursos a la optimización de una tecnología que la Unión Europea quiere prohibir dentro de poco más de una década, pues supondrá tener que desviar parte de sus inversiones de la electrificación. «No es útil, es caro, no ofrece beneficios a los clientes, no ofrece beneficios ambientales».
Fuente | Automotive News Europe
