Europa quiere investigar a BYD por espionaje y plantean incluirla en una lista negra

La expansión de los fabricantes chinos de coches eléctricos por Europa está empezando a provocar reacciones que van mucho más allá de los aranceles o las ayudas a la industria local. Ahora, algunos políticos europeos han decidido poner el foco en la seguridad nacional, recuperando un argumento que Estados Unidos lleva años utilizando para justificar sus restricciones a las empresas tecnológicas chinas.

El último protagonista de esta polémica es BYD, uno de los fabricantes que más rápidamente está creciendo en el mercado europeo y que se ha convertido en una amenaza comercial cada vez más evidente para las marcas tradicionales. Su expansión coincide con un momento de especial nerviosismo entre los europeos, que tienen dificultades para igualar los costes y la velocidad de desarrollo de sus rivales chinos.

En este contexto, un grupo eurodiputados ha decidido trasladar a Bruselas las preocupaciones de seguridad planteadas por el ejército estadounidense. Una iniciativa que abre la puerta a nuevas restricciones contra BYD, aunque por el momento no se han hecho públicas evidencias de que los coches de la marca estén realizando actividades de espionaje en Europa.

La polémica tiene su origen en una decisión adoptada en octubre por las fuerzas armadas estadounidenses. El ejército de Estados Unidos prohibió la entrada de coches BYD en la base aérea de Kadena, situada en la isla japonesa de Okinawa. El Pentágono justificó la medida alegando un riesgo de seguridad inaceptable, pero no ofreció públicamente detalles técnicos que permitiesen conocer la naturaleza concreta de esa amenaza.

Lejos de quedarse en una decisión limitada a una instalación militar estadounidense, el asunto ha llegado ahora al Parlamento Europeo. Catorce eurodiputados han presentado preguntas por escrito a la Comisión Europea, solicitando que se estudien los posibles riesgos asociados a los coches de BYD y que se valore incluso la inclusión del fabricante en una lista de empresas consideradas de alto riesgo.

Entre los impulsores de la iniciativa figura el eurodiputado francés François Kalfon, que ha señalado la legislación china sobre inteligencia como uno de los principales motivos de preocupación. Su argumento es que las empresas chinas pueden estar obligadas a colaborar con los servicios de inteligencia de su país, algo que, combinado con la creciente conectividad de los automóviles modernos, podría convertirlos en una herramienta para recopilar información sensible.

Los eurodiputados quieren que la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, ENISA, analice los riesgos que podrían representar estos coches. También plantean si deberían imponerse restricciones a su acceso a instalaciones estratégicas y si BYD podría quedar excluida de determinados contratos públicos.

De Estados Unidos a Ferrol: el espionaje como argumento contra los fabricantes chinos

Es evidente que los coches modernos incorporan cámaras, sensores, sistemas de geolocalización y conexiones permanentes a internet. Son tecnologías que permiten ofrecer navegación, asistentes de conducción, actualizaciones inalámbricas y numerosos servicios digitales. Pero también es cierto que estas características no son exclusivas de BYD ni de los fabricantes chinos. Las encontramos en Tesla, Volkswagen, BMW, Mercedes, Renault y prácticamente cualquier marca que comercialice coches de última generación.

No olvidemos que países como Estados Unidos han sido acusados, incluyendo pruebas publicadas por Wikileaks, de espiar a sus aliados europeos en múltiples ocasiones. Incluso Francia ha estado metida en un caso similar, cuando se le pilló espiando a otros estados de la UE. Casos con pruebas sólidas que no ha supuesto el poner a sus coches en el punto de mira por espionaje.

Por tanto, si existe una preocupación legítima por la recopilación de datos sensibles, lo razonable sería establecer requisitos técnicos y controles de seguridad aplicables a todos los fabricantes, independientemente de su nacionalidad. Convertir la procedencia china de una empresa en motivo suficiente para considerarla una amenaza supone dar un salto considerable, especialmente cuando no se han presentado públicamente pruebas de un uso indebido de la información.

BYD, por su parte, asegura que los datos recopilados y almacenados por sus coches no son accesibles de forma remota desde China. La compañía también afirma que BYD Europe no comparte esa información con otras divisiones del grupo ni con terceros situados en el país asiático. Son declaraciones que deberían poder comprobarse mediante auditorías independientes, pero que tampoco justifican por sí solas tratar al fabricante como una amenaza para la seguridad europea.

Además, esta forma de actuar no es precisamente nueva. En España ya hemos vivido una polémica muy similar con el proyecto de una fábrica de SAIC en Ferrol, una inversión industrial que se vio envuelta en sospechas de espionaje por su posible proximidad a instalaciones estratégicas vinculadas a Navantia.

Como contamos anteriormente en Forococheselectricos, el proyecto gallego terminó asociado a preocupaciones sobre la seguridad nacional y a la influencia de Estados Unidos, ante la posibilidad de que una empresa china estableciese una gran instalación industrial cerca de una zona con actividad naval militar. El debate volvió a girar alrededor de riesgos potenciales, sin que trascendieran pruebas públicas de que SAIC pretendiese utilizar una fábrica de coches para obtener información militar.

Lo llamativo es que la Unión Europea ya cuenta con legislación sobre protección de datos, ciberseguridad y homologación de vehículos, además de herramientas para investigar posibles amenazas a infraestructuras estratégicas. Si existen vulnerabilidades concretas, deberían identificarse y corregirse mediante procedimientos técnicos, en lugar de recurrir a prohibiciones generales basadas en sospechas.

Esto no significa que los riesgos asociados a los coches conectados deban ignorarse. Un automóvil equipado con cámaras y conexión a internet puede recopilar información sobre sus desplazamientos y su entorno, y esa información debe protegerse adecuadamente. Pero una cosa es reconocer la existencia de un riesgo tecnológico y otra muy diferente es concluir que un fabricante determinado está realizando actividades de espionaje por el simple hecho de tener su sede en China.

También conviene recordar que Europa tiene importantes intereses industriales en juego. Los fabricantes chinos están aumentando su presencia en el continente y algunos, como BYD, están desarrollando instalaciones de producción propias para reducir su dependencia de las importaciones. En un momento en el que la industria europea afronta una competencia cada vez más intensa, las restricciones justificadas por motivos de seguridad pueden terminar funcionando, en la práctica, como nuevas barreras comerciales.

Y ahí es donde la iniciativa de estos eurodiputados resulta especialmente preocupante. Si las investigaciones descubren problemas reales, será necesario actuar. Pero plantear listas negras y exclusiones de contratos públicos antes de disponer de conclusiones técnicas conocidas transmite una imagen de alarmismo que recuerda demasiado a la estrategia proteccionista estadounidense.

Europa necesita proteger sus infraestructuras y los datos de sus ciudadanos, pero también necesita mantener una política industrial propia, basada en criterios verificables y no simplemente en reproducir las decisiones de Washington. De lo contrario, corre el riesgo de utilizar la seguridad como una excusa para dificultar la entrada de competidores que están obligando a los fabricantes tradicionales a mejorar sus productos y ajustar sus precios.

El caso de BYD vuelve a plantear una pregunta incómoda: si un coche conectado puede representar un riesgo por sus cámaras, sensores y sistemas de comunicación, ¿por qué el debate se concentra casi exclusivamente en las marcas chinas? La respuesta debería encontrarse en pruebas técnicas y controles independientes, no en la nacionalidad del fabricante.

Porque proteger Europa de amenazas reales es una obligación. Convertir cualquier inversión o coche chino en una posible operación de espionaje, sin pruebas públicas que lo respalden, es una forma bastante cuestionable de defender la industria europea.