Finalmente el gobierno ha dado luz verde al nuevo programa de incentivos a los coches eléctricos, que no se llamará ni Movea ni Promovea. Será el Plan MOVALT.
De esa forma el Ministerio de Energía, a través del IDAE, destinará 35 millones de euros en acciones dirigidas a fomentar una movilidad alternativa y eficiente, incentivando con 20 millones de euros la adquisición de vehículos de combustibles alternativos (GLP, gas natural, eléctricos y pila de combustible) y con otros 15 millones de euros la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.
Un presupuesto que tendrá que repartirse entre las diferentes tecnologías, incluyendo los vehículos a gas, algo que sin duda junto con la pequeña dotación económica es la parte menos interesante del proyecto.
Lo mejor sin duda es que su entrada en vigor debería ser mucho más rápida que versiones anteriores. Según el Ministerio «El Plan de Apoyo a la Movilidad Alternativa (MOVALT), que entrará en vigor a partir de su publicación en el BOE en los próximos días, da continuidad a los planes que el Gobierno ha venido impulsando en los últimos años».
También positivo que se hayan incluido a las motos eléctricas entre las beneficiarias, lo que sin duda debería ayudar a un segmento con un gran potencial de crecimiento.
Igualmente se anuncia junto a MOVALT-Vehículos y MOVALT-Infraestructuras una línea de apoyo dotada de otros 15 millones de euros a iniciativas de I+D+i vinculadas con la movilidad eficiente energéticamente y sostenible.
De momento no hay detalles sobre las cuantías a recibir para cada vehículo, y se limitan a indicar que estas irán desde los 500 a los 18.000 euros. Pero es de esperar que se mantengan las cifras aplicadas hasta el momento, con hasta 5.500 euros para los turismos. Es de suponer también que se mantendrá el máximo para acceder a las ayudas, establecido en 32.000 euros antes de impuestos.
Otro de los aspectos clave es la infraestructura de recarga. En este caso desde el gobierno se ha querido subsanar desde dos frentes, tanto con ayudas directas, con un presupuesto de 15 millones de euros, así como con la modificación de la figura del gestor de carga, cambios que han sido enviados ya a la CNMV para su modificación, lo que facilitará la expansión de las redes públicas.
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