Con la expansión de las redes de recarga de coches eléctricos en mercados como Alemania, donde el programa de incentivos del gobierno ha disparado las matriculaciones impulsando las nuevas estaciones, las autoridades están recibiendo cada vez más quejas sobre el funcionamiento de un sector aunque más abierto que el sistema de carburantes, no exento de riesgos de prácticas negativas para el sector y que pueden perjudicar a la competencia entre las diferentes iniciativas.
Así lo ha indicado Andreas Mundt, máximo responsable del Bundeskartellamt, la oficina anti monopolio de Alemania, que ha puesto sobre la mesa un problema que afecta a las nuevas redes de recarga para coches eléctricos.
Según el Sr Mundt, cada día reciben más denuncias por parte de los usuarios respecto a las estaciones de recarga pública, con problemas como el precio, pero también las condiciones del servicio y la ubicación o acceso de las mismas.
Para el directivo alemán, una red de carga irregular es un obstáculo muy importante de cara a la transformación de la flota de vehículos y un obstáculo para los clientes a la hora de cambiarse a las nuevas formas de movilidad. El mercado de automóviles está creciendo, con 2,1 millones de coches eléctricos vendidos en todo el mundo el año pasado, y mercados como Europa buscan facilitar este despliegue con la instalación de 1 millón de puntos de recarga en los próximos 5 años.
Pero este objetivo puede cumplirse en número, pero de no contar con una férrea regulación su impacto no será el esperado de cara a ofrecer una alternativa a los consumidores.
Opinión
Y es que la regulación pública deberá controlar aspectos clave como el coste de uso de unas redes que en la mayor parte de los casos han recibido fondos públicos para su puesta en marcha, y luego se producen grandes diferencias de precio entre ellas. También legislar para que el uso sea lo más fácil posible para todos los usuarios, con la aplicación de un sistema universal que evite situaciones absurdas como el tener que contar con una tarjeta para cada red, o como el caso de Portugal, con una amplia red de carga pero prácticamente inaccesible para los extranjeros al tener que suscribir un contrato eléctrico y esperar a recibir la correspondiente tarjeta.
También hay factores clave como el regular los plazos del suministro de la compañía eléctrica y entrega de permisos desde las administraciones públicas, que están frenando miles de activaciones a lo largo de toda Europa, con estaciones con un año desde su instalación hasta su puesta en marcha. Una activación que debería ser obligatoria en un determinado plazo también para la compañía instaladora. Sobre todo si ha recibido fondos públicos.
Pero también debería Europa forzar a que las nuevas instalaciones se realicen con un nivel de uso que obligue a un nivel de potencia mínimo según el estado de la red en la zona, para evitar el uso de espacio público y privado con estaciones de baja potencia que reduzcan la rotación de vehículos, en movimientos muchas veces especulativos que instalan tomas con potencias muy bajas al calor de las subvenciones y a la espera de contar con un mercado más maduro.
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