Cataluña reduce las ayudas en las autopistas públicas a los coches eléctricos, y pone un precio máximo del vehículo para acceder a los descuentos

Con la emergencia climática de plena actualidad, algunas administraciones públicas están empeñadas en demostrar que el sector público se ha convertido en un lastre para la lucha contra el cambio climático. No hablamos del lamentable programa de ayudas a la compra de coches eléctricos del gobierno central, infinitamente menos dotado que los diferentes planes de ayuda a la compra de coches diésel de hace unos años. Ahora le toca el turno a una administración regional, Cataluña, que se ha sacado de la manga una medida que supone un retroceso en hacer más atractivos los vehículos eléctricos y con ello, más atractivo el optar por los modelos contaminantes.

La Generalitat ha publicado un vergonzoso Decreto que supone un retroceso en cuanto a la lucha contra las emisiones del transporte, y donde se ha decidido por razones desconocidas que había que reducir todavía más los incentivos. En este caso las ayudas que desde las administraciones se daba a los vehículos eléctricos e híbridos enchufables para circular por las autopistas de titularidad pública.

De esta forma el Govern otorgará descuentos a los híbridos e híbridos enchufables que cumplan la normativa Euro 6 o superior; esto es, los coches posteriores a septiembre de 2014, pero que verán sus cifras reducidas del 100% actual a un máximo del 30%. Además también se hace desaparecer la gratuitidad a los 100% eléctricos que tendrán una bonificación de hasta el 75%. Y eso acumulando factores como el justificar una alta ocupación y la frecuencia de uso. No solo eso, en un alarde de desconocimiento absoluto de la situación y el mercado, los responsables del programa han decidido que los coches 100% eléctricos de más de 48.400 euros no podrán acceder a ningún descuento. Tendrán la misma tarifa que el más contaminante de los diésel aunque cuesten 1 euro menos de esta absurda cifra.

Desde el Govern se indica que: «Los vehículos del segmento de precios más altos generalmente tienen asociado un peso y una potencia del motor eléctrico más elevada y por tanto un mayor consumo energético. Notar, que si bien el vehículo eléctrico no emite emisiones en destino sí lo hace en la producción de energía (mix energético) de manera que siempre será más sostenible aquellos vehículos eléctricos, de menor peso y potencia.»

La explicación de la Generalitat es que han detectado que el mercado del coche eléctrico ha crecido y ya no necesita tanta ayuda porque ya está más consolidado. Además y lo más curioso de todo, es que no se tiene en cuenta sólo lo que contamina el vehículo, sino también se quiere buscar que estos vehículos realicen una aportación por el simple uso de la infraestructura.  Según el texto publicado por el gobierno catalán: “En este sentido, con independencia de las emisiones, todo vehículo contribuye al desgaste de la infraestructura y otras externalidades, como la seguridad viaria o la congestión”.

Un despropósito completo de un texto que parece redactado por alguien que tiene cero conocimientos del sector, que a pesar de su crecimiento exponencial, todavía es un nicho marginal de las ventas. Por ejemplo, en toda España se han vendido hasta octubre 8.200 coches eléctricos, que se han repartido por las diferentes comunidades, y que suponen apenas el 0.8% del total de ventas. Pero para la Generalitat, esto es un número suficiente y a partir de ahora pueden manejarse sin ayudas públicas en una medida de la que no han publicado su coste estimado, pero que seguramente sea ridículo dentro del presupuesto general pero que tiene un fuerte valor simbólico a la hora de promocionar los vehículos eléctricos.

Una medida que por desgracia podemos extender a la práctica totalidad de las administraciones públicas, que salvo pequeñas excepciones, viven totalmente al margen de los enormes problemas de salud pública y dependencia energética provocado por los combustibles fósiles. Y es que por ejemplo llegan al extremo de poner en marcha costosas infraestructuras de recarga, muy escasas y fundamentales para la expansión del propio coche eléctrico, pero que se quedan en la foto de la inauguración sin saber sus responsables qué uso dar y como permitir a usuarios o incluso trabajadores del sector público el acceso a unos puntos que se quedan de adorno. Otros inauguran los puntos, y luego obligan a los usuarios a buscar la tarjeta de activación en algún establecimiento del ayuntamiento que además dependerá de los horarios de dicho organismo, lo que desincentiva su uso y el potencial efecto llamada que tiene una estación en funcionamiento.

Gracias Kenneth, y al resto que nos habéis contactado, por el aviso.