¿Nuevo palo al desarrollo de las redes de carga? Los operadores ya tienen IAE propio pero también nuevo y duplicado coste por cada punto de recarga del coche eléctrico

La Ley de Presupuestos Generales del Estado, aprobada en 30 de diciembre de 2020, incorpora algunas novedades para las estaciones de carga del coche eléctrico y toda la infraestructura situada en terrenos públicos o privados que grava, a través de una nueva cuota, cargador a cargador.

La tecnología y los servicios derivados de esta avanzan más rápido que las leyes, por este motivo hasta ahora las empresas que se dedican a implantar la red de carga esencial para el despliegue de la nueva movilidad cero emisiones, clave para cumplir con los objetivos de descarbonización de la economía y el cumplimiento de las emisiones de gases efectos invernadero, tenían que buscar un epígrafe lo más cercano posible a su actividad en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Muchas de las empresas optaban por alguno de los epígrafes del grupo 504 que engloba las instalaciones y montajes eléctricos, o bien otras alternativas dentro de los ofrecidos por la ley que deben ser presentadas ante la Agencia Tributaria mediante el modelo 840.

Con la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado ha llegado un nuevo epígrafe que se suma al grupo 664 que hace referencia al «Comercio en régimen de expositores en depósito y mediante aparatos automáticos«.

Dentro de este se incorpora el epígrafe 664.2 creado específicamente para los «Puntos de recarga de vehículos eléctricos«. Lo que debería se una buena noticia llega con una nueva cuota que todos los operadores o negocios que incorporen un punto de carga para dar apoyo y servicio a la nueva movilidad tendrán que abonar por partid a doble.

Doble pago extra por cada cargador

Por un lado habrá que satisfacer una cuota mínima municipal de 13.56 euros por cada punto de recarga. «Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el titular del establecimiento o local en el que el punto de recarga esté instalado», según reza la ley.

A esta hay que sumar una cuota nacional que asciende a 13,56 euros «por cada punto de recarga«. Esta cuota tendrá que ser satisfecha «exclusivamente, el propietario de los puntos de recarga«.

ForoCochesEléctricos ha podido saber que AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica) ha comunicado a sus asociados esta semana la aparición de este nuevo epígrafe, que ha creado cierto desconcierto tanto en la asociación como en los operadores de carga a nivel nacional.

Según fuentes de FCE, AEDIVE están consultando al Gobierno de España cómo debe interpretarse este nuevo punto por parte de las empresas que tendrán, a partir de ahora, un nuevo coste y obstáculo administrativo a la hora de implantar y desarrollar la vital red de carga de coches eléctricos.

Desconcierto y más burocracia

Según conversaciones mantenidas con empresas del sector y especialistas en estos ámbitos, FCE ha podido constatar cierto pesar ante una nueva traba burocrática y administrativa que se suma a la montaña de expedientes, informes, proyectos y memorias que cada administración solicita de forma totalmente descoordinada a los diferentes operadores de las redes de carga.

La realidad ante en imprescindible y estratégico despliegue de una red capilar de puntos de carga rápidos, semirrápidos y de otras potencias, es que no existe una normativa a nivel nacional que unifique los criterios y requisitos a solicitar por cada autoridad competente.

Además de las trabas administrativas de los entes locales, a los que se suman las de carreteras, las empresas eléctricas que deben proveer los ‘enganches’ a la red no tienen un protocolo común ni un plazo máximo para contestar a las solicitudes que realizan los operadores de los puntos de carga, lo que entorpece el desarrollo e instalación a la espera de una respuesta que llega a voluntad de la distribuidora correspondiente a cada ubicación.

Esto da como resultado un caos administrativo y una disparidad de criterios que hacen de cada instalación una aventura burocrática única y llena de obstáculos. Especialmente cuando se topa con administraciones locales que carecen de ordenanzas que contemplen la instalación de puntos de carga que, desgraciadamente, son prácticamente la totalidad.

La nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado introduce por tanto si, un nuevo epígrafe que de cabida a esta nueva actividad, aunque años más tarde de que estanquera industria esté en marcha, pero que lejos de resolver los problemas actuales impone un nuevo coste que lastra el despliegue de una red, sin la cual la nueva movilidad no podrá desarrollarse al ritmo que los políticos anuncian con sus planes y que la sociedad demanda a día de hoy.

Fuente | BOE

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