Después de un tiempo de espera provocado por la crisis sanitaria, por fin parece que hoy será el día que el gobierno de España aprobará la anunciada Ley de Cambio Climático. Una amplia normativa que permitirá caminar hacia una sociedad con menos emisiones, y donde los transportes alternativos podrán encontrar un escenario más beneficioso. Pero esta ley traerá además una forma de salir de la crisis basada en la economía limpia, con la creación de cientos de miles de puestos de trabajo cada año en sectores como las energías renovables, aunque también vendrá acompañada por unos objetivos en tiempo poco ambiciosos.
El objetivo principal de la Ley de cambio climático es establecer las bases para la descarbonización de España en los próximos 30 años. Será en 2050 cuando el 100% de la generación de electricidad debería ser renovable, algo para lo que se destinarán hasta 200.000 millones de euros de inversión entre 2020 y 2030, creándose en torno a los 250.000 y 350.000 nuevos puestos de trabajo.
Las medidas contempladas en el proyecto permitirá a España reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 al menos un 20% respecto a las de 1990. En esa misma fecha, el 35% del consumo final de la energía tendrá que ser de origen renovable (ahora ronda el 18%). En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%.
Cifras generales para los diferentes estados que claramente son insuficientes para un país como el nuestro capaz de generar gran parte de su demanda con renovables, y con todavía un enorme potencial por desarrollar después de unos años de frenazo por la mala gestión política de los diferentes gobiernos.
Ley de cambio climático: Movilidad, ayudas y zonas de bajas emisiones
En el aspecto de la movilidad, sin duda los puntos más importantes son la puesta en marcha en 2023 de las zonas de bajas emisiones en aquellas ciudades con más de 50.000 habitantes.
Una iniciativa que de aplicarse será realmente revolucionaria ya que permitirá a los ayuntamientos poder limitar el acceso al centro de sus ciudades a los vehículos más contaminantes. Sin duda una herramienta potente de cara a desincentivar la compra de coches diésel o gasolina ya a corto plazo. Eso si, como siempre hará falta voluntad y valentía política para aplicar estas medidas que al ser dejadas en manos de los ayuntamientos posiblemente no sean aplicadas más que en un puñado y de forma discreta que no moleste al electorado.
Otra de las medidas que suenan bien, pero apenas tendrán efecto real a corto plazo será el de prohibir la venta de turismos y industriales ligeros diésel y gasolina en 2040, para conseguir una flota 100% eléctrica en 2050. Unas fechas de nuevo muy poco ambiciosas que supondrá que la tecnología será la encargada de expulsar a los vehículos contaminantes del mercado, y no la normativa pública. Y es que para 2040 pocos se comprarán ya coches diésel o gasolina, ya que la oferta de eléctricos será inmensamente mejor, más económica, y sin restricciones de movilidad. Unas fechas que podemos comparar con las propuestas por otros estados, como el 2025 de Noruega, o incluso el 2030 de Reino Unido. Un país más poblado que España que aplicará esta medida 10 años antes que nosotros.
Otra de las claves serán los programas de ayudas a la compra de coches eléctricos. Desde la patronal del automóvil se ha instado al gobierno a poner en marcha un programa de ayudas neutral, que incluya incentivos a los coches diésel y gasolina.
Sin embargo según el último borrador al que han tenido acceso los medios, la ley de cambio climático que se prevé aprobar hoy no comparte esta posición. Apuesta claramente por la movilidad eléctrica, tanto con ayudas directas a la compra, como con la obligación a las gasolineras de instalar puntos de recarga.
Por supuesto el proyecto no se olvida de sectores también clave para la reducción de emisiones, como el transporte público y la bicicleta, que junto con los vehículos eléctricos formarán un tridente que permitirá a España reducir su huella de emisiones y su tremenda dependencia energética externa.
Un compendio al que se sumará la creación de empleo de las fuentes de energía renovable, así como industrias paralelas a la movilidad eléctrica como la expansión y mantenimiento de las redes de recarga para vehículos eléctricos que nos permitirá aumentar la competitividad de nuestras empresas gracias al acceso a una energía más económica.
Ahora queda por ver el texto final que se publicará, en un proyecto ambicioso, pero que peca en los plazos de su aplicación. Una iniciativa que tendría que estar aprobada en 2019, y que llegará en un momento de grave crisis económica que sin duda dificultará cualquier maniobra que requiera de movilizar recursos desde un sector público que debería ser el ariete que abra la nueva era energética y de movilidad en España.
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