Donald Trump quiere que Estados Unidos fabrique más baterías, pero no precisamente para coches eléctricos
Ya sabíamos de las intenciones de Donald Trump respecto a los coches eléctricos en su regreso a la Casa Blanca. Ahora, un documento de su equipo de transición pone de relieve los verdaderos planes para la próxima legislatura.
Estados Unidos se enfrenta a una nueva legislatura presidencial con Donald Trump al frente. Durante los últimos meses, hemos ido escuchando al inminente presidente norteamericano lanzar su discurso anti coches eléctricos y, cómo no, anti China. Entre sus promesas electorales estaban el de ‘cargarse’ todo el trabajo que había realizado hasta ahora Joe Biden, con la Ley IRA como gran protagonista durante los últimos años.
A poco de que Trump vuelva a sentarse en su silla del despacho oval de la Casa Blanca, la agencia Reuters ha tenido acceso a un documento elaborado por su equipo de transición, en el que recomiendan «cambios radicales» que echan abajo todos los avances realizados para apoyar la producción y venta de coches eléctricos a nivel nacional, la creación de una potente infraestructura de recarga y de un programa de ayudas fiscales de hasta 7.500 dólares para la compra de este tipo de vehículos.
El nuevo plan de Donald Trump y de su equipo quiere cortar el apoyo a los coches eléctricos y las estaciones de recarga, realizar una ofensiva más agresiva contra todo lo que provenga de China y, como ya habíamos alertado, eliminar las ayudas federales a la adquisición de vehículos electrificados. En concreto, se quieren recuperar los fondos restantes del plan de 7.500 millones de dólares que Biden dedicó a la política medioambiental lanzada durante su última legislatura.
Reduciéndolo a la máxima expresión, podríamos decir que Trump no quiere eliminar la producción local de baterías ni el aprovisionamiento de materiales y metales raros, sino todo lo contrario. Eso sí, con intenciones bien diferentes a las que estás pensando: no, no para dedicarlas a la producción de coches eléctricos, sino para potenciar su política de Defensa. El futuro presidente quiere reubicar los fondos del plan IRA de Biden al procesamiento de minerales de baterías y a la «cadena de suministro de defensa nacional e infraestructura crítica».
Por un lado, Trump no quiere que se vuelvan a dar casos de dependencia tecnológica de su archienemigo China y de vulnerabilidades estratégicas en lo que se refiere a minerales críticos y metales de tierras raras. Por el otro, se quiere cubrir los cada vez mayores «requerimientos de energía» del ejército estadounidense para armas, equipos de comunicación y otras tecnologías cruciales para la seguridad nacional del país.
Una política totalmente opuesta a la que ha estado llevando Joe Biden en los últimos años y que tendrán un claro protagonista negativo: el coche eléctrico. Si bien el equipo de Trump asegura que quiere que haya espacio para todos (coches eléctricos y térmicos), está claro que la supresión de las ayudas fiscales a compradores y fabricantes supondrá un duro golpe para una industria, la del vehículo eléctrico, que sufre un estancamiento en los últimos meses y donde algunos fabricantes están potenciando su producción local.
Hasta Tesla, cuyo CEO Elon Musk es ahora el más firme defensor de Trump, puede verse afectada, pero ya ha avisado de que la eliminación de las ayudas perjudicará más a sus rivales que a ellos mismos. El futuro presidente quiere también eliminar los límites gubernamentales más estrictos sobre contaminación, volviendo a niveles del 2019, e impedir que algunos estados como California puedan establecer sus propios límites, algo que ya consiguió en su primer mandato.
Los aranceles estarán más que presentes en la nueva legislatura de Donald Trump, en búsqueda de una protección de los fabricantes que producen en suelo norteamericano. Pero irán más allá: aranceles a las importaciones de la cadena de suministro de coches eléctricos, amparándose en la ley de «seguridad nacional» y usarlos como herramienta de negociación para abrirse a mercados extranjeros; apoyar las exportaciones de baterías fabricadas en el país; ampliar las restricciones a la exportación de tecnología de baterías a países rivales; y eliminar los requerimientos de que las agencias federales del país compren sí o sí coches eléctricos.